De todas las inspecciones fiscales que se realizan cada año, la comprobación documental (contrôle sur pièces) es la más frecuente. Realizada desde la oficina de la Administración, consiste en comprobar la coherencia de las declaraciones a partir de la información de que dispone y de los justificantes que puede solicitar. A menudo es la primera etapa de una posible regularización fiscal.
Este artículo presenta su desarrollo, los elementos que se comprueban en las empresas y en los particulares, y sus posibles consecuencias. Una respuesta cuidadosa a las solicitudes de la Administración, preparada según los casos con un abogado, permite a menudo cerrar el expediente.
En resumen
- La comprobación documental se realiza a distancia, sin aviso previo: el contribuyente solo tiene conocimiento de ella si recibe una solicitud o una propuesta de rectificación.
- En principio, una solicitud de información no es vinculante; una solicitud de aclaraciones o de justificaciones sí lo es, con un plazo de respuesta de al menos dos meses.
- La Administración también puede preguntar a terceros (bancos, empleadores, organismos sociales) en el marco de su derecho de comunicación.
- Las cuentas y rentas en el extranjero, comunicadas por el intercambio automático de información, suelen examinarse en este marco.
- La comprobación puede cerrarse sin más, dar lugar a una propuesta de rectificación o conducir a una inspección más profunda.
Índice
El desarrollo de una comprobación documental
La comprobación documental no se realiza in situ: se lleva a cabo a distancia, desde la oficina de la Administración. A diferencia de la verificación de contabilidad o del examen de la situación fiscal personal, no da lugar al envío de un aviso previo (artículo L47 del Código de procedimientos tributarios, LPF). El contribuyente solo tiene conocimiento de ella si la Administración le dirige una solicitud de información, de aclaraciones o de justificaciones, o una propuesta de rectificación.
Se trata, sin embargo, de una verdadera inspección, que puede abarcar un gran número de elementos de las declaraciones y dar lugar a cuotas adicionales.
La solicitud de información
Tiene por objeto obtener explicaciones sobre determinadas cifras u operaciones, sin exigir pruebas en esta fase. Suele formularse por escrito e indica un plazo de respuesta, a menudo de unos treinta días.
En principio, no es vinculante: no se prevé ninguna sanción en caso de falta de respuesta. No obstante, el silencio puede llevar a la Administración a iniciar un procedimiento más vinculante.
La solicitud de aclaraciones o de justificaciones
Prevista en el artículo L16 del LPF, se refiere al impuesto sobre la renta y se dirige, por tanto, principalmente a los particulares. Puede referirse en particular a la situación y las cargas familiares, los gastos deducidos, los bienes y rentas en el extranjero, o el origen de sumas cuando la Administración dispone de elementos que hacen pensar que las rentas declaradas están incompletas.
El contribuyente dispone, en principio, de al menos dos meses para responder. Una respuesta considerada insuficiente da lugar a un requerimiento para completarla en un plazo de treinta días; la falta de respuesta, o una respuesta equivalente a la falta de respuesta, puede conducir a una liquidación de oficio. El detalle figura en el artículo sobre las solicitudes de aclaraciones o de justificaciones.
Las solicitudes dirigidas a terceros
Durante la comprobación, la Administración también puede ejercer su derecho de comunicación para obtener documentos de terceros, en particular:
- administraciones y organismos sociales (Urssaf, cajas de seguridad social, CAF…);
- clientes y proveedores de una empresa;
- bancos y entidades financieras, incluidas, mediante la asistencia administrativa internacional, administraciones extranjeras.
Los elementos comprobados
En las empresas
La Administración comprueba primero que la empresa ha presentado todas sus declaraciones (impuesto sobre sociedades, IVA…) y ha llevado los documentos contables obligatorios (balances, cuentas de resultados, memorias). Después examina la coherencia de los elementos declarados, por ejemplo:
- la concordancia entre el IVA declarado y la cifra de negocios;
- la coherencia entre los salarios y cargas sociales y la plantilla de la empresa;
- la coherencia de la rotación de existencias;
- la correcta compensación de las pérdidas.
En los particulares
La comprobación documental se centra ante todo en la coherencia de las declaraciones. A menudo se refiere a:
- la situación familiar: hijos a cargo, pensiones alimenticias, condición de progenitor solo;
- los gastos declarados y las reducciones o créditos fiscales;
- los salarios, pensiones y prestaciones, cotejados con la información transmitida por los empleadores, las cajas de pensiones y otros terceros;
- los rendimientos inmobiliarios y los gastos deducidos;
- las rentas y cuentas en el extranjero, comunicadas en particular por el intercambio automático de información.
La Administración también puede comparar las rentas declaradas con la evolución del patrimonio y del nivel de vida: una variación importante de las rentas, movimientos patrimoniales o una desproporción marcada con los gastos pueden dar lugar a preguntas, o incluso a una inspección más profunda.
El caso frecuente de las cuentas y rentas extranjeras
La información recibida del extranjero (intercambio automático de información bancaria) suele tratarse en el marco de una comprobación documental: la Administración coteja las cuentas comunicadas con las declaraciones del contribuyente y puede dirigirle una carta invitándole a regularizar su situación. Lo que conviene considerar en ese caso se presenta en el artículo sobre el olvido de la declaración de una cuenta en el extranjero.
Las consecuencias de la comprobación documental
Al término de la comprobación, pueden darse tres situaciones:
- las explicaciones y justificantes aportados se consideran satisfactorios: se archiva el expediente;
- se detectan errores u omisiones: se envía al contribuyente una propuesta de rectificación, que dispone, en principio, de treinta días (prorrogables treinta días a petición) para responder;
- la información obtenida es insuficiente o hace pensar que la situación es más compleja: la Administración puede iniciar una inspección más profunda, como una verificación de contabilidad o un examen de la situación fiscal personal.
Incluso en una comprobación documental, la propuesta de rectificación debe, en principio, estar motivada y mencionar la facultad de hacerse asistir por un asesor. La respuesta a esta propuesta se detalla en el artículo sobre la propuesta de rectificación. El despacho puede asistirle en cada una de estas etapas.
FAQ
¿Cómo saber si se es objeto de una comprobación documental?
La comprobación documental no da lugar a un aviso previo. El contribuyente solo tiene conocimiento de ella cuando recibe una solicitud de información, de aclaraciones o de justificaciones, o una propuesta de rectificación.
¿Es obligatorio responder a las solicitudes de la Administración?
Depende de la solicitud. Una solicitud de información no es vinculante; una solicitud de aclaraciones o de justificaciones sí lo es, y la falta de respuesta en el plazo de al menos dos meses puede conducir a una liquidación de oficio. En ambos casos, una respuesta precisa permite a menudo cerrar el expediente.
¿Qué diferencia hay con una inspección en profundidad?
La comprobación documental se realiza a distancia, a partir de las declaraciones y de la información de la que dispone o que solicita la Administración. La verificación de contabilidad y el examen de la situación fiscal personal se anuncian, en principio, mediante un aviso previo, duran más y van acompañados de garantías específicas.
