Una inspección fiscal se rige por normas de procedimiento estrictas, previstas principalmente en el Código francés de procedimientos tributarios (Livre des procédures fiscales, LPF) y precisadas por la jurisprudencia. Cuando la Administración no las respeta, se habla de vicio de procedimiento.
No todos los vicios tienen el mismo alcance. Algunos acarrean la nulidad del procedimiento en virtud de la propia ley; en los demás casos, la irregularidad solo conduce, en principio, a la anulación de las liquidaciones complementarias (se habla de «descargo») si ha privado al contribuyente de una garantía o si ha podido influir en la decisión.
A continuación se presentan doce vicios de procedimiento que se examinan con frecuencia. Como cada expediente es particular, el análisis de un abogado permite en general determinar si alguno de ellos puede invocarse útilmente, y en qué momento.
En resumen
- Un vicio de procedimiento es una irregularidad cometida por la Administración durante la inspección fiscal.
- Algunos vicios se sancionan, por regla general, con la nulidad en virtud de la propia ley, por ejemplo cuando la verificación de una pequeña empresa supera la duración de tres meses.
- Los demás solo conllevan, en principio, la anulación si han privado al contribuyente de una garantía o han podido influir en la decisión.
- Una vez vencido el plazo de prescripción (en principio tres años, a veces diez años en caso de bienes en el extranjero no declarados), la Administración ya no puede regularizar el impuesto de que se trate.
- La conveniencia de invocar un vicio, y el momento de hacerlo, se valoran caso por caso, idealmente con un abogado.
Índice
- 1. Una verificación de contabilidad que dura más de tres meses
- 2. La falta de aviso de verificación
- 3. Un aviso de verificación incompleto
- 4. La falta de mención de la facultad de hacerse asistir por un asesor
- 5. La falta de comunicación de los documentos obtenidos de terceros
- 6. Un plazo insuficiente para hacerse asistir
- 7. La falta de debate oral y contradictorio
- 8. Una nueva verificación del mismo periodo
- 9. Una propuesta de rectificación insuficientemente motivada
- 10. La denegación de un recurso jerárquico
- 11. La falta de remisión a la comisión de impuestos
- 12. El vencimiento del plazo de prescripción
- Cuadro recapitulativo de los 12 vicios de procedimiento
- Lo que veo en mis expedientes
- FAQ
1. Una verificación de contabilidad que dura más de tres meses
En el caso de las pequeñas empresas, la verificación in situ de la contabilidad no puede, en principio, extenderse más de tres meses (artículo L52 del LPF). Se trata de las empresas cuya cifra de negocios o cuyos ingresos no superan los límites del régimen simplificado de tributación (artículo 302 septies A del Código General de Impuestos francés, CGI). La superación de este plazo conlleva, según la ley, la nulidad de la liquidación.
No obstante, la ley prevé excepciones, por ejemplo en caso de irregularidades graves que priven a la contabilidad de valor probatorio o en caso de actividad oculta. La fecha de la primera intervención in situ y la de la última son, por tanto, elementos importantes que examinar.
2. La falta de aviso de verificación
Una verificación de contabilidad no puede iniciarse sin que la empresa haya sido informada mediante el envío o la entrega de un aviso de verificación (artículo L47 del LPF). Este aviso precisa, en particular, los años sometidos a verificación. En la práctica, suele enviarse unos quince días antes de la primera intervención.
La falta de aviso hace, en principio, irregular el procedimiento. Existe una excepción en caso de control sin previo aviso: el aviso se entrega entonces al inicio de la primera intervención, que se limita a comprobaciones materiales.
3. Un aviso de verificación incompleto
El aviso de verificación debe incluir determinadas menciones, como los años o el periodo verificados. Antes del inicio de la verificación, la Administración debe además entregar a la empresa la Carta de derechos y obligaciones del contribuyente verificado, o indicarle dónde consultarla: esta carta describe las garantías de las que goza la empresa y sus disposiciones son oponibles a la Administración (artículo L10 del LPF).
La omisión de una mención obligatoria, o de la carta, puede, según los casos, hacer irregular el procedimiento.
4. La falta de mención de la facultad de hacerse asistir por un asesor
El aviso de verificación debe mencionar expresamente que el contribuyente tiene la facultad de hacerse asistir por un asesor de su elección, por ejemplo un abogado. Según el artículo L47 del LPF, esta mención se exige so pena de nulidad del procedimiento.
Esta garantía se aplica durante toda la inspección, incluso en la fase de la propuesta de rectificación. Con independencia de la regularidad del aviso, la asistencia de un asesor puede ser muy valiosa en cada etapa.
5. La falta de comunicación de los documentos obtenidos de terceros
Cuando la Administración se basa en información o documentos obtenidos de terceros (por ejemplo, un banco, en el marco de su derecho de comunicación, o una administración tributaria extranjera), debe informar al contribuyente de su origen y de su contenido. También debe comunicarle una copia, antes de la puesta al cobro, si este lo solicita (artículo L76 B del LPF).
El incumplimiento de esta obligación puede, en principio, conllevar el descargo de las liquidaciones afectadas. Como la entrega de copias no es automática, requiere una solicitud del contribuyente, que puede prepararse con un abogado.
6. Un plazo insuficiente para hacerse asistir
Entre la recepción del aviso de verificación y la primera intervención in situ, la empresa debe disponer de un plazo suficiente para elegir un asesor y organizar su defensa. La ley no fija este plazo: el Conseil d’État ha admitido que un plazo de dos días hábiles completos podía bastar, pero en la práctica el plazo suele ser más largo.
Un plazo demasiado corto puede privar al contribuyente de la garantía que constituye la asistencia de un asesor y, según las circunstancias, hacer irregular el procedimiento.
7. La falta de debate oral y contradictorio
Durante una verificación de contabilidad, el inspector debe, en principio, permitir a la empresa entablar con él un debate oral y contradictorio sobre las constataciones que pretende retener, en particular antes del envío de la propuesta de rectificación.
Cuando la empresa demuestra que se ha visto privada de este debate, las liquidaciones complementarias pueden anularse. La prueba de esta privación corresponde, en principio, al contribuyente, de ahí el interés de conservar constancia de los intercambios con el inspector.
8. Una nueva verificación del mismo periodo
Una vez concluida la verificación de contabilidad de un periodo, la Administración ya no puede proceder a una nueva verificación de ese mismo periodo para los mismos impuestos (artículo L51 del LPF), salvo en las excepciones taxativamente previstas en dicho artículo, en particular cuando la primera verificación se limitó a operaciones determinadas. Una nueva verificación irregular constituye un vicio de procedimiento.
9. Una propuesta de rectificación insuficientemente motivada
La propuesta de rectificación debe estar motivada de modo que el contribuyente pueda formular sus observaciones o manifestar su aceptación (artículo L57 del LPF): indica la naturaleza y el importe de las rectificaciones previstas, así como sus motivos, de hecho y de derecho.
Una motivación insuficiente, por ejemplo una simple referencia a un texto sin explicación, puede hacer irregular el procedimiento y, en principio, conllevar el descargo de las liquidaciones afectadas. La propuesta también debe mencionar, so pena de nulidad, la facultad de hacerse asistir por un asesor (artículo L54 B del LPF), así como el plazo de respuesta de treinta días, prorrogable treinta días a petición del contribuyente.
10. La denegación de un recurso jerárquico
En caso de desacuerdo persistente con el inspector, la Carta del contribuyente verificado prevé la posibilidad de obtener una entrevista con su superior jerárquico y, en su caso, con el interlocutor designado por la dirección (a menudo llamado interlocutor departamental).
Cuando el contribuyente ha solicitado este recurso en las condiciones previstas por la carta, privarle de él puede, según la jurisprudencia, hacer irregular el procedimiento.
11. La falta de remisión a la comisión de impuestos
Cuando el desacuerdo persiste sobre una cuestión de su competencia (principalmente cuestiones de hecho, como el importe del beneficio o de la cifra de negocios de una empresa), el contribuyente puede solicitar que el litigio se someta a la comisión departamental de impuestos directos y de impuestos sobre la cifra de negocios (artículo L59 del LPF). Esta comisión incluye representantes de la Administración y de los contribuyentes.
La respuesta de la Administración a las observaciones del contribuyente debe, en principio, mencionar esta posibilidad. Si la Administración no somete el asunto a la comisión pese a que el contribuyente lo ha solicitado debidamente, el procedimiento puede considerarse irregular.
12. El vencimiento del plazo de prescripción
La Administración solo puede regularizar un impuesto durante un determinado plazo, denominado plazo de prescripción (délai de reprise). Para el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades, vence, en principio, al final del tercer año siguiente a aquel por el que se adeuda el impuesto. Puede ser más largo en algunos casos, en particular cuando no se han declarado cuentas o bienes en el extranjero (diez años, con condiciones).
Una propuesta de rectificación notificada después del vencimiento de este plazo es, en principio, extemporánea, y la prescripción puede entonces oponerse a la Administración. El detalle figura en el artículo sobre los plazos de regularización.
Cuadro recapitulativo de los 12 vicios de procedimiento
| Vicio de procedimiento | Texto o fuente | Consecuencia posible |
|---|---|---|
| Verificación de más de tres meses (pequeña empresa) | LPF, art. L52 | Nulidad de la liquidación, salvo excepciones |
| Falta de aviso de verificación | LPF, art. L47 | En principio, irregularidad del procedimiento |
| Aviso incompleto o carta no entregada | LPF, arts. L47 y L10 | Posible irregularidad, según la omisión |
| Falta de mención de la facultad de hacerse asistir por un asesor | LPF, art. L47 | En principio, nulidad del procedimiento |
| Documentos obtenidos de terceros no comunicados | LPF, art. L76 B | Posible descargo de las liquidaciones afectadas |
| Plazo insuficiente para hacerse asistir | Jurisprudencia | Posible irregularidad |
| Falta de debate oral y contradictorio | Jurisprudencia | Posible descargo |
| Nueva verificación de un periodo ya verificado | LPF, art. L51 | En principio, irregularidad del procedimiento |
| Propuesta de rectificación insuficientemente motivada | LPF, art. L57 | Posible irregularidad |
| Recurso jerárquico solicitado pero denegado | Carta del contribuyente verificado (LPF, art. L10) | Posible irregularidad |
| Comisión no consultada pese a una solicitud regular | LPF, art. L59 | Posible irregularidad |
| Plazo de prescripción vencido | LPF, arts. L169 y siguientes | Prescripción: en principio, ninguna regularización posible |
Como cada inspección es particular, el despacho puede analizar el procedimiento seguido y los motivos que, según los casos, pueden plantearse.
Lo que veo en mis expedientes
En las propuestas de rectificación que examino, los puntos débiles obedecen ante todo a errores de procedimiento, en particular cuando el procedimiento se alarga, con recursos e intercambios sucesivos. Es una de las primeras cosas que compruebo, junto con la prescripción: con bastante frecuencia he conseguido la anulación de regularizaciones por irregularidad del procedimiento o por prescripción. El fondo viene después; en los expedientes internacionales, es posible poner en dificultades a la Administración en puntos técnicos que le resultan poco familiares.
FAQ
¿Un vicio de procedimiento conlleva necesariamente la anulación de la regularización?
No necesariamente. Algunas irregularidades se sancionan, por regla general, con la nulidad en virtud de la propia ley, como la superación de la duración de tres meses en el caso de una pequeña empresa o la falta de mención de la facultad de hacerse asistir por un asesor. En los demás casos, la anulación exige, en principio, que la irregularidad haya privado al contribuyente de una garantía o haya podido influir en la decisión. Solo un análisis del expediente permite valorar el alcance de un vicio.
¿En qué momento puede invocarse un vicio de procedimiento?
En principio, un vicio de procedimiento puede invocarse durante la inspección, en las observaciones en respuesta a la propuesta de rectificación, y después en una reclamación y ante el juez. La elección del momento y de la forma de plantearlo responde a una estrategia que conviene definir con un abogado.
¿Se aplican también estas garantías a los particulares?
En gran medida. Varias de las garantías descritas aquí se refieren a la verificación de contabilidad de las empresas, pero se aplican garantías comparables al examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP) de los particulares: aviso previo que menciona la facultad de hacerse asistir por un asesor, duración limitada en principio a un año, motivación de la propuesta de rectificación, comunicación de los documentos obtenidos de terceros o respeto del plazo de prescripción. El control documental (contrôle sur pièces), realizado desde la oficina de la Administración, se rige por normas más ligeras.
