Para comprobar las declaraciones de los contribuyentes, la administración tributaria francesa necesita información. El Libro de Procedimientos Fiscales (LPF) le permite obtenerla de terceros sin tener que iniciar una inspección fiscal: es el derecho de comunicación. Bancos, empresas, notarios, aseguradoras, plataformas en línea o administraciones pueden así estar obligados a transmitirle documentos e información.
Este artículo explica de forma sencilla qué es el derecho de comunicación, ante quién se ejerce, cómo se desarrolla, qué permite saber sobre las cuentas y las transferencias al extranjero y qué garantías tiene el contribuyente. Como cada situación es particular, las consecuencias del uso de esta información merecen por lo general examinarse con un abogado.
En resumen
- El derecho de comunicación permite a la administración tributaria obtener documentos e información de terceros: bancos, empresas, administraciones, aseguradoras, plataformas en línea…
- No es una inspección fiscal: los agentes pueden consultar y copiar documentos, pero no examinarlos de forma crítica.
- En principio, el secreto bancario no es oponible a la administración tributaria; las profesiones sujetas al secreto profesional gozan de ciertos límites.
- En principio, el contribuyente no es avisado; pero si la administración basa una regularización en esta información, debe informarle de su contenido y de su origen, y entregarle una copia si la solicita antes de la puesta en cobro.
- El tercero que se niega a comunicar se expone, en principio, a una multa de 10 000 € por solicitud.
Índice
- ¿Qué es el derecho de comunicación?
- ¿Ante quién se ejerce el derecho de comunicación?
- ¿Cómo se ejerce el derecho de comunicación?
- El derecho de comunicación y las cuentas en el extranjero
- ¿Puede oponerse el secreto profesional al fisco?
- ¿Se informa al contribuyente?
- ¿Qué sanciones para el tercero que no responde?
- FAQ
¿Qué es el derecho de comunicación?
El derecho de comunicación es la facultad de los agentes de la administración tributaria de conocer documentos e información en poder de terceros, y de obtener copia de ellos, para determinar, comprobar y recaudar el impuesto (artículos L81 y siguientes del LPF). Se ejerce cualquiera que sea el soporte de los documentos, en papel o digital.
Se distingue de los procedimientos de inspección propiamente dichos, como el control documental, la comprobación de la contabilidad o el examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP), que se presentan en el artículo ¿cuáles son las formas de inspección?. El derecho de comunicación sirve para recabar información: a menudo se ejerce antes de una inspección, o durante ella, para cotejar las declaraciones del contribuyente.
¿Ante quién se ejerce el derecho de comunicación?
La ley enumera un gran número de personas y organismos obligados a responder a las solicitudes de la administración. Los principales se presentan en el cuadro siguiente:
| Tercero requerido | Ejemplos de información | Texto (LPF) |
|---|---|---|
| Bancos y entidades de crédito | Extractos de cuenta, operaciones, referencias de las transferencias de fondos al extranjero | Artículos L83, L85 y L96 A |
| Empresas, comerciantes y profesiones liberales | Libros contables, facturas, registros | Artículos L85 y L86 |
| Administraciones y organismos públicos, incluida la seguridad social | Información de la que disponen en el ejercicio de sus funciones | Artículo L83 |
| Compañías de seguros e intermediarios | Contratos, aportaciones, rescates | Artículo L89 |
| Plataformas en línea, proveedores de acceso y de alojamiento | Identidad de los usuarios, transacciones, datos de conexión | Artículos L82 AA y L96 G |
| Autoridad judicial | Indicios que permitan presumir un fraude fiscal, transmitidos de oficio | Artículo L101 |
El derecho de comunicación también puede referirse a personas que la administración aún no ha identificado: son las llamadas solicitudes «no nominativas». Deben precisar la naturaleza de la relación jurídica o económica de que se trate, la información solicitada, definida mediante criterios objetivos, y un período que, en principio, no puede superar dieciocho meses. Las decide un agente con, como mínimo, el rango de inspector divisional (artículos L81 y R81-3 del LPF).
¿Cómo se ejerce el derecho de comunicación?
El derecho de comunicación se ejerce bien in situ, en los locales del tercero, bien por correspondencia, en papel o por vía electrónica. Cuando se ejerce in situ, en principio se envía previamente un aviso de visita, o se entrega al inicio de la intervención en caso de visita sin previo aviso. Los agentes pueden consultar los documentos y hacer copias de ellos.
En este marco, los agentes no pueden, en principio, proceder a un examen crítico de los documentos, como harían en una comprobación de la contabilidad: el derecho de comunicación sirve para recabar información, no para comprobar las declaraciones de la persona que la facilita.
Un ejemplo
Un banco francés recibe una solicitud relativa a las transferencias de fondos realizadas en 2024 al extranjero por uno de sus clientes, un particular. Comunica la fecha, el importe y las referencias de esas transferencias, así como los datos de la cuenta beneficiaria. Si esas transferencias revelan una cuenta en el extranjero que no se declaró en el formulario 3916, la administración puede, según los casos, iniciar una inspección. Si después basa una regularización en esa información, en principio debe indicar su origen al contribuyente.
El derecho de comunicación y las cuentas en el extranjero
Para conocer las cuentas abiertas fuera de Francia, la administración dispone de varias fuentes. En Francia, el derecho de comunicación ante los bancos le permite obtener las referencias de las transferencias de fondos al extranjero realizadas por particulares, asociaciones y sociedades no mercantiles (artículo L96 A del LPF). Además, recibe cada año la información transmitida por numerosos Estados en el marco del intercambio automático de datos bancarios (CRS), y puede dirigir solicitudes de información a otros Estados en virtud de la asistencia administrativa prevista en los convenios fiscales y en el Derecho de la Unión Europea.
Estos intercambios internacionales no forman parte, en sentido estricto, del derecho de comunicación, pero alimentan del mismo modo las inspecciones. El artículo ¿tiene el fisco francés acceso a sus cuentas bancarias en el extranjero? los presenta en detalle. Cuando una cuenta en el extranjero no se ha declarado, las posibles consecuencias se exponen en el artículo sobre las multas por no declarar una cuenta en el extranjero.
¿Puede oponerse el secreto profesional al fisco?
En principio, el secreto profesional no impide el derecho de comunicación. Es el caso, en particular, del secreto bancario: los bancos no pueden oponerlo a la administración tributaria, cuyos agentes están a su vez sujetos al secreto profesional.
No obstante, existen límites para las profesiones no mercantiles cuyos miembros están sujetos al secreto profesional, como los médicos o los abogados: la administración puede obtener la comunicación de sus documentos profesionales, pero su solicitud no puede, en principio, referirse a la naturaleza de los servicios prestados a sus clientes (artículo L86 del LPF).
¿Se informa al contribuyente?
La administración, en principio, no tiene que avisar al contribuyente cuando ejerce su derecho de comunicación ante un tercero. Por ello, puede ocurrir que este solo se entere mucho más tarde, con ocasión de una inspección.
En cambio, cuando se basa en información o documentos obtenidos de terceros para practicar una regularización, la administración está obligada a informar al contribuyente de su contenido y de su origen. También debe entregarle una copia, si la solicita, antes de la puesta en cobro del impuesto (artículo L76 B del LPF). El incumplimiento de estas obligaciones vicia, en principio, el procedimiento y puede dar lugar a la anulación de las rectificaciones basadas en esos documentos: es uno de los puntos examinados en el artículo sobre los vicios de procedimiento que pueden conllevar la anulación de las regularizaciones. Cuando una propuesta de rectificación menciona información obtenida de terceros, solicitar una copia puede ser útil; la conveniencia y el momento de esa solicitud merecen examinarse con un abogado.
¿Qué sanciones para el tercero que no responde?
La negativa a comunicar los documentos o la información solicitados, la falta de llevanza de esos documentos o su destrucción antes de que finalicen los plazos de conservación se sancionan, en principio, con una multa de 10 000 €, aplicada por cada solicitud siempre que no se haya comunicado la totalidad o parte de los elementos solicitados (artículo 1734 del Código General de Impuestos francés). La negativa a comunicar la información relativa a las transferencias de fondos al extranjero se sanciona con una multa igual, en principio, al 50 % de las sumas no comunicadas (artículo 1735 del mismo código).
Para que este derecho pueda ejercerse, los libros, registros, documentos y justificantes de que se trate deben conservarse, en principio, durante seis años a partir de la última operación anotada en los libros o registros, o de la fecha en que se emitieron los documentos (artículo L102 B del LPF).
FAQ
¿Debe avisarme mi banco cuando el fisco le pide información?
En principio, no. Ni la administración ni el banco están obligados a informar al cliente del ejercicio del derecho de comunicación. Por lo general, el contribuyente se entera más tarde, cuando la administración se basa en esa información para practicar una regularización: debe entonces indicarle su contenido y su origen.
¿Es el derecho de comunicación una inspección fiscal?
En principio, no. Es un procedimiento de recopilación de información ante terceros. No obstante, puede preceder o acompañar a una inspección, como un control documental o un examen contradictorio de la situación fiscal personal.
¿Puede el fisco saber que tengo una cuenta en el extranjero?
En muchos casos, sí: puede obtener de los bancos franceses las referencias de las transferencias de fondos al extranjero, y recibe información de numerosos Estados en el marco del intercambio automático de información. Las consecuencias de una cuenta no declarada dependen de cada situación y merecen examinarse con un abogado.
¿Puedo obtener los documentos que el fisco ha recabado de terceros?
Cuando la administración se basa en esos documentos para determinar el impuesto, el contribuyente puede, en principio, solicitar una copia antes de la puesta en cobro. Esta obligación se refiere, en principio, a los documentos en los que se ha basado la administración.
¿Puede un tercero negarse a responder al fisco?
En principio, no, sin perjuicio de los límites previstos por la ley, en particular en cuanto a la naturaleza de los servicios prestados por las profesiones sujetas al secreto profesional. La negativa a comunicar se sanciona, en principio, con una multa de 10 000 € por solicitud.
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