El derecho de comunicación (droit de communication): explicaciones

Cuando pone en marcha una inspección fiscal, la Administración tributaria francesa necesita documentos y datos en los que basarse. El Libro de Procedimientos Fiscales (LPF) le otorga un derecho de comunicación para recabar, únicamente de forma puntual, toda la información y todos los documentos útiles sobre el contribuyente afectado.

Destinatarios del derecho de comunicación

Las solicitudes de información pueden dirigirse directamente al contribuyente. Sin embargo, el objetivo de la inspección fiscal es examinar la sinceridad y la exactitud de las declaraciones. Por tanto, será pertinente contrastarlas con otros datos.

Así pues, es más probable que se requiera a terceros, mediante este derecho de comunicación, información sobre la situación personal y financiera de la persona afectada. En Francia, una veintena de profesionales pueden estar sujetos a la obligación de remitir la información solicitada. Solo los profesionales sanitarios pueden oponerse a esta solicitud.

Los organismos a los que recurre habitualmente la Administración tributaria son, por ejemplo:
• Los bancos y entidades financieras
• Las administraciones públicas
• La Seguridad Social a través de las cajas del seguro de enfermedad
• Los agentes judiciales (huissiers) y notarios
• Los tribunales
• Los agricultores y comerciantes
• Los artesanos
• Las sociedades civiles
• Las autoridades reguladoras del juego en línea, las autoridades extranjeras, la AMF…

El derecho de comunicación no se limita a la persona inspeccionada: también puede referirse, bajo determinadas condiciones, a personas no identificadas (solicitudes no nominativas, art. L81, párr. 2 del LPF), en cuyo caso los terceros requeridos están obligados a remitir la información solicitada.

Los documentos exigibles en virtud del derecho de comunicación

Cuando la Administración tributaria se dirige a una empresa comercial, esta está obligada a remitir todos los documentos contables necesarios. Estos permitirán verificar si las declaraciones presentadas se ajustan a la realidad. La cifra de negocios resultará especialmente interesante en el marco de una inspección fiscal.

Según el Libro de Procedimientos Fiscales, las entidades financieras están obligadas a remitir todos los documentos útiles para la inspección fiscal. Cuando se ejerce el derecho de comunicación, podrán comunicarse los extractos de cuenta que reflejan las operaciones bancarias. Los avisos de transferencias de fondos también serán útiles.

Para una empresa, los asientos contables son muy importantes, ya que permitirán conocer con precisión las compras y las ventas de un período determinado.

¿Cómo se ejerce el derecho de comunicación?

No se exige ninguna formalidad específica a la Administración tributaria para recurrir a él. A simple solicitud, los documentos necesarios para el estudio del expediente deberán entregarse obligatoriamente a los servicios fiscales.

Los agentes tributarios pueden consultar los documentos solicitados in situ o solicitar su envío por correo o por vía electrónica. La obligación de comunicación de los documentos les autoriza también a hacer copias de estos para poder estudiarlos posteriormente. En cambio, no podrán examinarlos en profundidad ni anotarlos. El derecho de comunicación tiene como finalidad, ante todo, recabar información.

La conservación de los documentos

Ejercer su derecho de comunicación significa para la Administración tributaria recabar un gran número de documentos y datos. Al enmarcarse en una inspección fiscal, deberán conservarse durante un determinado período, y no más, que depende de cada caso. De lo contrario, las regularizaciones podrían ser anuladas.

En el marco de la inspección fiscal, el contribuyente tiene la posibilidad de exigir que la Administración tributaria le comunique la totalidad de los documentos e informaciones que haya obtenido sobre él. La falta de comunicación de ciertos elementos por parte de Hacienda al contribuyente podrá acarrear la anulación de las regularizaciones.

Derecho de comunicación y secreto profesional

El Consejo de Estado (Conseil d’État) ha indicado que el secreto profesional no puede ser vulnerado por este derecho de comunicación de la Administración tributaria. No obstante, se prevén algunas excepciones para permitir que la inspección fiscal se lleve a cabo de la mejor manera.
El Libro de Procedimientos Fiscales indica en particular que organismos como los bancos y las aseguradoras no pueden oponer el secreto profesional. Deberán, por tanto, someterse y poner a disposición todos los documentos útiles para la instrucción del expediente.

Algunas profesiones no comerciales también están reguladas y el derecho de comunicación solo puede ejercerse en condiciones estrictas. Por otra parte, toda la información de carácter médico sigue, en cambio, protegida por el secreto profesional.

En cambio, los organismos de la Seguridad Social no pueden negarse a comunicar toda la información relativa al contribuyente.

Las sanciones en caso de incumplimiento del derecho de comunicación

Negarse a una solicitud de la Administración tributaria que ejerce este derecho de comunicación puede dar lugar a sanciones. El tercero requerido se expone a multas, de conformidad con el Código General de Impuestos francés (CGI).

La destrucción de documentos o la falta de llevanza de libros contables que puedan consultarse en todo momento puede igualmente dar lugar a la misma sanción.

En lo que respecta a las investigaciones relativas a transferencias de fondos, toda entidad bancaria y financiera que se niegue a remitir la información correspondiente sufrirá sanciones específicas. En efecto, la ley prevé una multa proporcional a las cantidades afectadas por la transferencia de fondos.

Los organismos de la Seguridad Social o las autoridades judiciales están obligados a facilitar espontáneamente todos los elementos que puedan ser útiles para la inspección fiscal.

Ninguna notificación obligatoria

La Administración tributaria no está obligada a informar al contribuyente cuando hace uso de su derecho de comunicación. En cambio, si desea utilizar esta información en el marco de la inspección fiscal, deberá precisar al contribuyente su naturaleza exacta, su procedencia y su contenido.

Por ello, es habitual que los contribuyentes sean informados, tras un plazo más o menos largo, de que este derecho de comunicación se ha ejercido ante un gran número de organismos.

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