La ley para un Estado al servicio de una sociedad de confianza (ley ESSOC n.º 2018-727, de 10 de agosto de 2018) consagró un derecho al error en favor de los usuarios de buena fe y trató de instaurar una relación de confianza entre la Administración, los particulares y las empresas.
¿Quién puede beneficiarse del derecho al error y en qué condiciones? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué medidas fiscales estableció la ley, en particular en caso de inspección fiscal? Este artículo hace balance, teniendo en cuenta que cada situación merece un análisis particular.
En resumen
- El derecho al error protege, en principio, a la persona de buena fe que ha incumplido una norma por primera vez o ha cometido un error material, y que regulariza su situación.
- En principio, no se aplica en caso de mala fe o de fraude, y no constituye un derecho al retraso o a la omisión de la declaración.
- En materia fiscal, el interés de demora puede reducirse un 50 % en caso de regularización espontánea y un 30 % en caso de regularización durante una inspección.
- Los puntos expresamente validados durante una inspección pasan a ser, en principio, oponibles a la Administración (garantía fiscal).
- Para las cuentas en el extranjero, las multas específicas siguen sus propias reglas.
Índice
El derecho al error: principio y condiciones
Según el Código de relaciones entre el público y la Administración (artículo L123-1), una persona que ha incumplido por primera vez una norma aplicable a su situación, o que ha cometido un error material al declararla, no puede ser sancionada si regulariza su situación por iniciativa propia o tras haber sido invitada a hacerlo por la Administración, en el plazo indicado por esta.
La buena fe, condición esencial
El derecho al error exige buena fe: el error debe ser involuntario. En cambio, según la ley, actúa de mala fe la persona que ha incumplido deliberadamente una norma aplicable a su situación. En caso de controversia, la prueba de la mala fe o del fraude corresponde a la Administración.
La frontera entre error material, incumplimiento deliberado y fraude es a veces difícil de trazar. Según los casos, la intervención de un abogado puede ser útil para demostrar la buena fe y descartar una calificación más severa.
Las excepciones
Por regla general, el derecho al error no se aplica, en particular:
- en caso de mala fe o de fraude;
- a las personas que incumplen reiteradamente la misma norma;
- a los retrasos u omisiones de declaración en los plazos establecidos: el derecho al error no es un derecho al retraso.
Las principales medidas fiscales
La reducción del interés de demora
En caso de error cometido de buena fe, el interés de demora se reduce, en principio, un 50 % cuando el contribuyente presenta espontáneamente una declaración complementaria, antes de cualquier procedimiento de inspección, y paga al mismo tiempo las cuotas adeudadas.
Se reduce un 30 % cuando la regularización se produce durante una inspección (artículo L62 del Código de procedimientos tributarios, LPF). En una comprobación documental o en un examen de contabilidad, la solicitud puede presentarse, en principio, en los treinta días siguientes a la recepción de la propuesta de rectificación; en una verificación de contabilidad o en un examen de la situación fiscal personal, debe presentarse, en principio, antes del envío de la propuesta de rectificación. En ambos casos, la regularización exige, en principio, el pago de las cantidades adeudadas.
La garantía fiscal
Desde la ley ESSOC, los puntos examinados durante una inspección que no han sido objeto de rectificación, y que la Administración ha mencionado expresamente como validados en la propuesta de rectificación o en el aviso de ausencia de rectificación, le son, en principio, oponibles (artículo L80 B del LPF). El contribuyente no puede entonces ser objeto de una regularización fiscal sobre esos puntos en una inspección posterior, mientras su situación y la ley no hayan cambiado. Solo quedan cubiertos los puntos mencionados expresamente: la ausencia de rectificación sobre un punto no equivale, por sí sola, a su validación.
La consulta durante la inspección
Durante una verificación de contabilidad o un examen de contabilidad, y antes de cualquier envío de una propuesta de rectificación, la empresa puede solicitar por escrito a la Administración que se pronuncie sobre un punto que ha examinado. Este pronunciamiento refuerza la seguridad jurídica: la Administración, en principio, no puede después practicar regularizaciones contrarias a la posición adoptada.
El derecho a ser inspeccionado
Toda persona puede solicitar ser objeto de una inspección sobre uno o varios puntos concretos. Si se descubren irregularidades, el contribuyente puede, en principio, regularizarlas con un interés de demora reducido. No obstante, la conveniencia de tal solicitud depende de cada situación y merece valorarse previamente, idealmente con un abogado.
Mediación y transacción
La ley ESSOC también fomentó las vías amistosas de resolución de conflictos: la transacción está ahora prevista con carácter general en el Código de relaciones entre el público y la Administración, y se suma a los dispositivos de mediación que permiten buscar una solución sin acudir al juez.
La relación de confianza con las empresas
La asociación fiscal para las grandes empresas y las empresas de tamaño intermedio
Para las grandes empresas y las empresas de tamaño intermedio (ETI), la relación de confianza adopta la forma de una asociación fiscal, formalizada mediante un protocolo, con un interlocutor de referencia del servicio de socios de las empresas. Las partes examinan el tratamiento fiscal de las operaciones que presentan un riesgo o un interés estratégico, lo que puede dar lugar a posiciones oponibles a la Administración. Cualquiera de ellas puede poner fin a la asociación en cualquier momento.
El acompañamiento fiscal personalizado de las pymes
Más ligero, el acompañamiento fiscal se dirige a las pymes, en particular a las que están en crecimiento, son innovadoras o operan en sectores estratégicos. Un interlocutor de referencia de la dirección regional de finanzas públicas examina con la empresa las cuestiones fiscales que pueden dar lugar a una consulta, de forma puntual o reiterada.
El servicio de regularización fiscal de las empresas (Smec)
Abierto en 2019, el Smec permite a las empresas regularizar espontáneamente su situación fiscal, con sanciones reducidas según un baremo, siempre que no haya ningún procedimiento fiscal, administrativo o judicial en curso. Las solicitudes pueden referirse, en particular, a anomalías descubiertas por quienes adquieren una empresa, a determinadas cuestiones internacionales (actividad en Francia constitutiva de un establecimiento permanente no declarado, estructuras que implican entidades en el extranjero…) o a determinadas cuestiones relativas a la fiscalidad personal de los directivos (pacto Dutreil, plusvalías por venta de participaciones, régimen de los impatriados).
A diferencia del dispositivo aplicado entre 2013 y 2017, que se refería a los bienes en el extranjero no declarados, el Smec se dirige a las empresas y no se limita a las operaciones vinculadas con el extranjero. La regularización de los bienes en el extranjero de los particulares se tramita hoy mediante una solicitud de regularización ante los servicios competentes.
Derecho al error y cuentas en el extranjero
La falta de declaración de una cuenta en el extranjero se sanciona, en principio, con multas específicas, que siguen sus propias reglas. La regularización espontánea de tal omisión sigue siendo, en principio, posible mientras no se haya iniciado ningún procedimiento, pero no se confunde con el derecho al error. Cada situación merece analizarse antes de cualquier gestión.
Lo que veo en mis expedientes
En el caso de las cuentas en el extranjero, se plantea la cuestión del interés de una regularización espontánea. Según mi experiencia, la Administración puede mostrarse algo más clemente cuando la iniciativa es espontánea, pero no constato una gran diferencia de trato con una regularización realizada a petición de esta. La buena fe se aprecia sobre todo en función de elementos propios de cada situación: los vínculos con el país extranjero, el origen de los fondos, la colaboración con la Administración en un clima de buen entendimiento. Por eso, cada situación merece analizarse antes de cualquier trámite.
FAQ
¿Se aplica el derecho al error a un olvido de declaración?
En principio no: el derecho al error no constituye un derecho al retraso o a la omisión de la declaración en plazo. Se refiere a los errores cometidos de buena fe, en particular un primer incumplimiento de una norma o un error material, regularizados espontáneamente o a petición de la Administración.
¿Qué reducción del interés de demora puede obtenerse?
En principio, un 50 % en caso de presentación espontánea de una declaración complementaria acompañada del pago de las cuotas, antes de cualquier procedimiento de inspección, y un 30 % en caso de regularización durante una inspección en las condiciones del artículo L62 del LPF.
¿Quién debe probar la mala fe?
En caso de controversia, la prueba de la mala fe o del fraude corresponde a la Administración. Actúa de mala fe la persona que ha incumplido deliberadamente una norma aplicable a su situación.
