En Francia, el impuesto sobre la renta se basa en un sistema declarativo: cada contribuyente declara él mismo sus rentas y su patrimonio imponible. El fraude fiscal consiste en sustraerse voluntariamente al impuesto, total o parcialmente, por medios ilegales.
¿Cuál es la diferencia entre fraude, simple error y elusión fiscal? ¿Qué sanciones fiscales y penales se aplican? ¿Cómo detecta la Administración los fraudes, en particular los internacionales? Este artículo aborda estas cuestiones, sin sustituir el análisis de una situación concreta por un abogado.
En resumen
- El fraude fiscal exige intención: un error de buena fe no es un fraude.
- Las consecuencias fiscales van desde el interés de demora (0,20 % mensual) hasta recargos del 10 %, 40 %, 80 % o 100 % según la gravedad de los hechos.
- El delito de fraude fiscal puede castigarse con cinco años de prisión y 500 000 € de multa, penas elevadas a siete años y 3 000 000 € en particular en caso de utilización de cuentas en el extranjero.
- Los fraudes graves se transmiten al fiscal en las condiciones previstas por la ley.
- El intercambio automático de información entre Estados y la minería de datos facilitan la detección de los fraudes internacionales.
Índice
Fraude fiscal: definición legal
Según el artículo 1741 del Código General de Impuestos francés (CGI), comete fraude fiscal quien se sustrae fraudulentamente, o intenta sustraerse, a la liquidación o al pago del impuesto. La ley contempla en particular:
- la omisión voluntaria de presentar una declaración en plazo;
- la ocultación voluntaria de una parte de las sumas imponibles (rentas o bienes);
- la organización de la propia insolvencia o las maniobras destinadas a obstaculizar la recaudación del impuesto;
- cualquier otra forma fraudulenta de sustraerse al impuesto.
En caso de ocultación, la acción penal exige, en principio, que las sumas ocultadas superen la décima parte de la base imponible o 153 €. El fraude puede dar lugar después a un blanqueo, es decir, a la reintroducción en el circuito legal de las sumas sustraídas al impuesto, por ejemplo mediante una cuenta bancaria en el extranjero.
Error, elusión o fraude: ¿cómo distinguirlos?
Fraude fiscal y elusión fiscal
El fraude fiscal no debe confundirse con la elusión fiscal (évasion fiscale). En el sentido en que se entiende generalmente, la elusión fiscal consiste en reducir el impuesto utilizando las posibilidades que ofrecen las normas fiscales, en particular las internacionales, por ejemplo:
- localizando beneficios o un patrimonio en otro país;
- recurriendo a regímenes fiscales favorables.
La elusión fiscal no es ilegal en sí misma, pero encuentra su límite en el abuso de derecho: la Administración puede descartar los actos ficticios o aquellos que, buscando el beneficio de una aplicación literal de los textos en contra de la intención de sus autores, solo obedecen a un fin fiscal (artículo L64 del Código de procedimientos tributarios, LPF).
La consulta tributaria y el derecho al error
En caso de duda sobre la aplicación de un texto, cualquier contribuyente puede consultar a la Administración sobre su situación: es la consulta tributaria (rescrit fiscal). La solicitud puede referirse a la mayoría de los impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto sobre el patrimonio inmobiliario, IVA, derechos de registro… La posición adoptada por la Administración le es, en principio, oponible.
Además, el derecho al error permite al contribuyente de buena fe que regulariza espontáneamente un error beneficiarse, con condiciones, de una reducción del interés de demora.
La declaración de sospecha de fraude fiscal
Los profesionales sujetos a las obligaciones de prevención del blanqueo (bancos, aseguradoras, expertos contables, notarios…) deben presentar una declaración de sospecha ante Tracfin cuando sospechan que una operación procede de un fraude fiscal y se cumple al menos un criterio definido por decreto, por ejemplo:
- la utilización de una sociedad pantalla establecida en un Estado o territorio no cooperativo;
- el cobro de sumas importantes en efectivo;
- la recepción de sumas importantes procedentes del extranjero sin justificación;
- operaciones financieras sin coherencia aparente;
- anomalías en las facturas u hojas de pedido presentadas como justificantes (falta de dirección, de fecha, de número de registro…);
- transferencias internacionales de fondos sin causa económica o jurídica aparente;
- la negativa a aportar justificantes sobre el origen de los fondos recibidos.
Las consecuencias fiscales
El interés de demora
Cuando el impuesto se ha pagado de forma insuficiente, la Administración aplica un interés de demora del 0,20 % mensual (es decir, el 2,4 % anual), que compensa el perjuicio financiero sufrido por el Tesoro. En principio, se adeuda incluso en caso de buena fe. Desde la ley ESSOC de 2018, puede reducirse un 50 % en caso de regularización espontánea por un contribuyente de buena fe, y un 30 % en caso de regularización durante una inspección.
Los recargos
Al interés de demora pueden añadirse recargos. Su tipo depende de la naturaleza y de la gravedad de los hechos:
| Situación | Recargo en principio |
|---|---|
| Falta de declaración o declaración tardía, sin requerimiento | 10 % |
| Declaración de la renta presentada en los 30 días siguientes a un requerimiento | 20 % (10 % para la mayoría de los demás impuestos) |
| Declaración no presentada en los 30 días siguientes a un requerimiento | 40 % |
| Descubrimiento de una actividad oculta | 80 % |
| Declaración insuficiente de buena fe (impuesto sobre la renta) | 10 %, salvo regularización espontánea o corrección en los 30 días siguientes a una solicitud de la Administración |
| Incumplimiento deliberado | 40 % |
| Abuso de derecho | 80 % (40 % si el contribuyente no es ni su principal impulsor ni su principal beneficiario) |
| Maniobras fraudulentas | 80 % |
| Oposición a la inspección fiscal | 100 % |
Además, el profesional del asesoramiento jurídico, financiero o contable que haya proporcionado intencionadamente una prestación que permita a un contribuyente cometer maniobras fraudulentas o un abuso de derecho se expone a una multa igual al 50 % de los ingresos obtenidos de dicha prestación.
Las sanciones penales
Con independencia de las sanciones fiscales, el fraude fiscal es un delito. Según los casos, su autor se expone a:
- una multa de 500 000 €, cuyo importe puede elevarse al doble del producto obtenido con la infracción, y cinco años de prisión;
- una multa de 3 000 000 €, cuyo importe puede elevarse al doble del producto obtenido con la infracción, y siete años de prisión cuando el fraude se haya cometido en banda organizada o se haya realizado o facilitado mediante cuentas abiertas o contratos suscritos en el extranjero, la interposición de personas o entidades establecidas en el extranjero, una identidad falsa o documentos falsos, o un domicilio fiscal ficticio en el extranjero.
La pena de prisión se reduce a la mitad cuando el autor o el cómplice, tras haber alertado a la autoridad administrativa o judicial, ha permitido poner fin a la infracción o identificar a los demás autores o cómplices.
Desde la ley de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el fraude, la Administración debe, en principio, denunciar ante el fiscal los expedientes más graves, en particular cuando las cuotas regularizadas superan los 100 000 € y llevan aparejados determinados recargos (artículo L228 del LPF). En principio, la acción penal puede ejercerse hasta el final del sexto año siguiente a aquel en que se cometió la infracción.
Las demás infracciones
Existen otras infracciones penales en materia fiscal, por ejemplo la oposición al ejercicio de las funciones de los agentes tributarios, la organización de la negativa colectiva al pago del impuesto, determinados fraudes de IVA perseguidos como estafa (artículo 313-1 del Código Penal francés) o la participación de profesionales en la elaboración de asientos contables falsos.
Fraude fiscal internacional: informantes y detección
Los informantes. Desde 2017, la Administración puede indemnizar a una persona que le facilite información que conduzca al descubrimiento de determinados incumplimientos graves, en su origen de carácter internacional. Este dispositivo, inicialmente experimental, se amplió (en particular a determinados incumplimientos en materia de IVA) y después se hizo permanente (artículo L10-0 AC del LPF). Los abogados, sujetos al secreto profesional, no pueden divulgar información sobre sus clientes.
La detección. El intercambio automático de información bancaria entre Estados, operativo desde 2017, permite a la Administración francesa recibir cada año información sobre las cuentas que los residentes en Francia tienen en el extranjero. La Administración también recurre a herramientas de minería de datos para orientar sus inspecciones.
FAQ
¿Un simple error en una declaración es un fraude fiscal?
En principio, no. El fraude exige intención: sustraerse voluntariamente al impuesto. Un error cometido de buena fe da lugar, en principio, al pago del impuesto eludido y del interés de demora, con, para el impuesto sobre la renta, un recargo del 10 % salvo regularización espontánea o corrección rápida. El derecho al error permite además, con condiciones, reducir el interés de demora.
¿Qué penas se aplican al fraude fiscal?
El delito de fraude fiscal puede castigarse con cinco años de prisión y una multa de 500 000 €, que puede elevarse al doble del producto obtenido con la infracción. Las penas se elevan a siete años y 3 000 000 € en caso de circunstancias agravantes, en particular la utilización de cuentas abiertas en el extranjero o de un domicilio ficticio en el extranjero. Estas penas pueden sumarse a las sanciones fiscales.
¿Tener una cuenta bancaria en el extranjero es un fraude?
En principio, no: tener una cuenta en el extranjero es legal. En cambio, las cuentas abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en el extranjero deben, en principio, declararse cada año, y las rentas que generan son, en principio, imponibles en Francia para un residente fiscal francés. No declararlas expone a multas y, en caso de fraude, a sanciones agravadas.
