Cuando controla las declaraciones de la renta de un particular, la administración tributaria francesa puede dirigirle una solicitud de aclaraciones (demande d’éclaircissements) o una solicitud de justificaciones (demande de justifications) (artículo L16 del Código de procedimientos tributarios, Livre des procédures fiscales, LPF). Estas solicitudes se producen la mayoría de las veces en el marco de una comprobación documental, realizada desde la oficina de la Administración, o de un examen de la situación fiscal personal. Pueden preceder a una inspección fiscal más profunda.
Se distinguen de las simples solicitudes de información, que, en principio, no son vinculantes. Una solicitud de aclaraciones o de justificaciones exige, en cambio, una respuesta en un plazo determinado: en su defecto, la Administración puede recurrir a la liquidación de oficio (taxation d’office). Según los casos, la ayuda de un abogado puede ser útil para preparar la respuesta.
En resumen
- En principio, una solicitud de información no es vinculante; una solicitud de aclaraciones o de justificaciones sí lo es.
- El plazo de respuesta no puede, en principio, ser inferior a dos meses.
- Una respuesta considerada insuficiente da lugar, en principio, a un requerimiento para completarla en un plazo de treinta días.
- La falta de respuesta, o una respuesta asimilada a la falta de respuesta, puede conducir a una liquidación de oficio (artículo L69 del LPF).
- Para las cuentas o contratos en el extranjero no declarados, un procedimiento específico prevé un plazo de sesenta días (artículo L23 C del LPF).
Índice
- La solicitud de información: una solicitud en principio no vinculante
- Solicitud de aclaraciones y solicitud de justificaciones: ¿qué diferencias hay?
- El desarrollo del procedimiento
- La respuesta del contribuyente y sus consecuencias
- La regla del doble: ¿cuándo cabe una solicitud de justificaciones sobre los abonos bancarios?
- Caso particular: las cuentas y contratos en el extranjero no declarados
- La asistencia de un asesor
- Lo que veo en mis expedientes
- FAQ
La solicitud de información: una solicitud en principio no vinculante
La Administración puede pedir a los contribuyentes información relativa a sus declaraciones (artículo L10 del LPF). Estas solicitudes de información (demandes de renseignements), a menudo enviadas por carta ordinaria, tienen por objeto, por ejemplo, completar una declaración (domicilio, hijos a cargo) o permitir al contribuyente explicarse sobre un punto. No son vinculantes: la falta de respuesta no conlleva, en principio, ni sanción ni liquidación de oficio.
Sin embargo, su contenido no está regulado por ningún texto y no van acompañadas de las garantías propias de los procedimientos vinculantes. El juez solo vela por que la Administración actúe con lealtad, es decir, por que el contribuyente no sea inducido a error sobre el alcance de la solicitud. En principio, la Administración no está obligada a precisar que una solicitud de información no es vinculante.
Las respuestas dadas pueden ser utilizadas por la Administración. Por ello, suele ser útil examinar con atención el contenido de una solicitud de este tipo, idealmente con un abogado, en particular para comprobar que no encubre en realidad un control en profundidad, sujeto a garantías específicas.
Solicitud de aclaraciones y solicitud de justificaciones: ¿qué diferencias hay?
La solicitud de aclaraciones
Puede referirse a cualquier elemento de una declaración de la renta. La Administración pide al contribuyente explicaciones sobre un punto que le parece oscuro o contradictorio, por ejemplo:
- contradicciones entre varias declaraciones;
- discordancias entre la declaración e información de la que dispone la Administración (declaraciones de terceros, información recibida de administraciones extranjeras…).
La Administración, en principio, no tiene que demostrar que el contribuyente dispone de rentas más elevadas que las declaradas: basta con que un punto requiera explicaciones.
La solicitud de justificaciones
Pide al contribuyente que pruebe determinados elementos, con documentos de apoyo. Según el artículo L16 del LPF, puede referirse en particular a:
- la situación y las cargas familiares;
- los gastos deducidos de la renta global o que dan derecho a una reducción del impuesto;
- los bienes en el extranjero o las rentas procedentes de ellos;
- el origen de sumas o rentas, cuando la Administración ha reunido elementos que permiten establecer que el contribuyente puede tener rentas más elevadas que las declaradas.
El desarrollo del procedimiento
Las solicitudes de aclaraciones y de justificaciones se dirigen por escrito, en principio por carta certificada con acuse de recibo. Deben indicar explícitamente los puntos a los que se refieren y mencionar el plazo de respuesta, que no puede ser inferior a dos meses (artículo L16 A del LPF).
Este plazo empieza a correr, en principio, a partir de la recepción de la solicitud. Puede solicitarse una prórroga, pero la Administración no está, en principio, obligada a concederla.
La respuesta del contribuyente y sus consecuencias
En principio, la respuesta se presenta por escrito: una respuesta únicamente verbal, una respuesta fuera de plazo o la negativa a responder se asimilan a una falta de respuesta. Una respuesta evasiva o sin relación con las preguntas formuladas también puede considerarse una falta de respuesta.
- Si la respuesta se considera satisfactoria, el procedimiento puede terminar ahí.
- Si la respuesta se considera insuficiente, la Administración debe enviar un requerimiento (mise en demeure) para completarla en un plazo de treinta días, precisando los complementos que espera.
- En caso de falta de respuesta, o si la respuesta sigue siendo insuficiente tras el requerimiento, la Administración puede proceder a una liquidación de oficio (artículo L69 del LPF). En principio, corresponde entonces al contribuyente probar que la liquidación es excesiva.
En la práctica, una respuesta argumentada y basada en documentos precisos suele recibirse mejor que una respuesta vaga. Según los casos, puede prepararse con un abogado.
La regla del doble: ¿cuándo cabe una solicitud de justificaciones sobre los abonos bancarios?
Para solicitar justificaciones sobre el origen de las sumas abonadas en las cuentas bancarias, la Administración debe haber reunido elementos que permitan establecer que el contribuyente puede tener rentas más elevadas que las declaradas. En la práctica, la jurisprudencia admite en general esta solicitud cuando los abonos bancarios alcanzan al menos el doble de las rentas declaradas, o presentan una diferencia importante con ellas; una proporción de 1,96, por ejemplo, se consideró insuficiente.
Para este cálculo, en principio se excluyen determinadas sumas, por ejemplo las transferencias entre las propias cuentas del contribuyente o las sumas cuyo origen ya conoce la Administración. Cuando no se cumplen estas condiciones, el procedimiento puede, según los casos, ser irregular.
Caso particular: las cuentas y contratos en el extranjero no declarados
Cuando una cuenta o un contrato de seguro de vida en el extranjero no se ha declarado al menos una vez en los diez años anteriores, la Administración puede solicitar, con independencia de cualquier examen de la situación fiscal personal, información o justificaciones sobre el origen y las modalidades de adquisición de los bienes, en un plazo de sesenta días (artículo L23 C del LPF).
A falta de respuesta suficiente, y tras un requerimiento de treinta días en caso de respuesta insuficiente, los bienes cuyo origen no se haya justificado pueden quedar sujetos a los derechos de transmisión a título gratuito al tipo del 60 % (artículo L71 del LPF y artículo 755 del CGI). Estas situaciones se detallan en la página dedicada a la inspección fiscal de las cuentas en el extranjero.
La asistencia de un asesor
El contribuyente puede hacerse asistir por el asesor de su elección, por ejemplo un abogado, para preparar su respuesta, aunque la solicitud no tenga que mencionar esta facultad. Un abogado puede, en particular, ayudar a comprobar la regularidad de la solicitud, reunir los justificantes y redactar una respuesta completa dentro de plazo, lo que puede limitar el riesgo de una regularización fiscal.
Lo que veo en mis expedientes
La pregunta que la Administración plantea con más frecuencia en mis expedientes es la del origen de los fondos. Es un punto muy importante: según la respuesta que se dé y los justificantes que se aporten, las regularizaciones serán más o menos cuantiosas, o incluso imposibles. Las donaciones son las operaciones más difíciles de justificar.
Preparo estas respuestas con antelación y no en el último momento, y procuro responder de forma exacta y precisa a lo que se pide: una respuesta demasiado detallada, o al margen de la pregunta, atrae a menudo la atención sobre otros asuntos.
FAQ
¿Qué ocurre si no se responde a una solicitud de justificaciones?
En principio, la falta de respuesta en el plazo, que es de al menos dos meses, permite a la Administración proceder a una liquidación de oficio (artículo L69 del LPF). La carga de la prueba recae entonces, en principio, en el contribuyente, que debe demostrar que la liquidación es excesiva. Una respuesta insuficiente da lugar primero, por regla general, a un requerimiento para completarla en un plazo de treinta días.
¿Una simple solicitud de información exige una respuesta?
Una solicitud de información no es vinculante: la falta de respuesta no conlleva, en principio, ni sanción ni liquidación de oficio. En algunos casos, responder puede no obstante permitir disipar rápidamente una duda de la Administración. Conviene examinar el contenido de la solicitud antes de cualquier respuesta, ya que la información facilitada puede ser utilizada por la Administración.
¿Qué diferencia hay entre una solicitud de aclaraciones y una solicitud de justificaciones?
La solicitud de aclaraciones pide explicaciones sobre un punto de una declaración, por ejemplo una contradicción o una discordancia. La solicitud de justificaciones exige pruebas, en particular sobre las cargas familiares, los gastos deducidos, los bienes o rentas en el extranjero, o el origen de sumas abonadas en una cuenta bancaria cuando la Administración dispone de elementos que hacen pensar que las rentas declaradas están incompletas.
