Una propuesta de rectificación (proposition de rectification) es la carta mediante la cual la administración tributaria francesa expone las rectificaciones que prevé, sus motivos y sus consecuencias económicas: anuncia una posible regularización fiscal. Puede referirse, por ejemplo, a rentas de fuente extranjera o a cuentas en el extranjero.
Suele ser consecuencia de una comprobación documental, de una verificación de contabilidad o de un examen contradictorio de la situación fiscal personal. No es una decisión definitiva: el contribuyente puede aceptarla, presentar observaciones o, según los casos, ejercer distintos recursos. Como cada situación es particular, el análisis de un abogado permite en general determinar la respuesta más adecuada.
En resumen
- El contribuyente dispone, en principio, de treinta días para responder, plazo prorrogado treinta días a simple petición presentada antes de su vencimiento.
- La falta de respuesta en plazo equivale, en principio, a una aceptación tácita de las rectificaciones.
- Las observaciones del contribuyente exigen, en principio, una respuesta motivada de la Administración.
- Existen recursos: superior jerárquico, interlocutor departamental, comisión departamental, solicitud de condonación de las sanciones.
- Conviene examinar la regularidad de la propia propuesta (motivación, menciones obligatorias).
Índice
La comprobación de la regularidad de la propuesta
Antes de examinar el fondo, suele ser útil comprobar, idealmente con un abogado, que la propuesta respeta las normas previstas en el Código de procedimientos tributarios (Livre des procédures fiscales, LPF). En particular, debe:
- estar motivada, de hecho y de derecho, de modo que el contribuyente pueda formular sus observaciones: indica los hechos constatados y las normas aplicadas, citando en principio los textos legales; la jurisprudencia no tiene por qué citarse (artículo L57 del LPF);
- indicar la naturaleza y el importe de las rectificaciones previstas, las cuotas adicionales y, en su caso, las sanciones, cuya aplicación debe estar a su vez motivada;
- mencionar, so pena de nulidad, que el contribuyente tiene la facultad de hacerse asistir por un asesor de su elección (artículo L54 B del LPF);
- indicar el plazo de respuesta de que dispone el contribuyente.
La falta de alguna de estas menciones puede, según las circunstancias, hacer irregular el procedimiento. Los principales vicios de procedimiento se presentan en el artículo dedicado a los vicios de procedimiento en la inspección fiscal.
¿Cómo responder a una propuesta de rectificación?
El contribuyente dispone, en principio, de treinta días desde la recepción de la propuesta para responder. Este plazo se prorroga treinta días si el contribuyente lo solicita antes de su vencimiento (artículo L57 del LPF). Este tiempo puede aprovecharse para reunir los elementos útiles para la respuesta.
Durante este plazo también es posible solicitar una reunión con el inspector para discutir los puntos controvertidos. Según los casos, unos buenos argumentos pueden llevar a la Administración a abandonar total o parcialmente las rectificaciones.
A continuación pueden darse tres situaciones.
Primera situación: la aceptación de las rectificaciones
Cuando el error o la omisión están acreditados, puede, según los casos y tras un análisis con un abogado, ser preferible aceptar total o parcialmente las rectificaciones, en lugar de prolongar un desacuerdo sin perspectivas serias. Después puede presentarse, en algunos casos, una solicitud de condonación de las sanciones.
Tras la aceptación, la Administración pone al cobro las cuotas adicionales, que son objeto de una liquidación o de un aviso de puesta al cobro.
Segunda situación: la falta de respuesta en plazo
La falta de respuesta en el plazo de treinta días (sesenta días en caso de prórroga) equivale, en principio, a una aceptación tácita de las rectificaciones. La Administración puede entonces poner al cobro las cuotas y las sanciones. Sigue siendo posible presentar una reclamación tras la puesta al cobro, pero la carga de la prueba recae entonces, en principio, en el contribuyente, que debe demostrar el carácter excesivo de la liquidación.
Tercera situación: el envío de observaciones
El contribuyente tiene derecho a impugnar total o parcialmente las rectificaciones presentando observaciones por escrito. Puede hacerse asistir por el asesor de su elección, por ejemplo un abogado, que le ayuda a reunir las pruebas y a identificar las normas jurídicas y la jurisprudencia pertinentes.
La Administración debe responder a las observaciones del contribuyente, de forma motivada cuando las rechaza, en principio mediante un documento titulado «respuesta a las observaciones del contribuyente». En la verificación de contabilidad de determinadas pequeñas y medianas empresas, dispone de sesenta días para responder; en su defecto, las observaciones se consideran aceptadas (artículo L57 A del LPF).
Las vías de recurso
Existen otras vías en caso de desacuerdo persistente. Según los casos, y con la ayuda de un abogado, pueden permitir hacer valer de nuevo los propios argumentos, o incluso obtener el abandono total o parcial de las rectificaciones.
El recurso jerárquico
El contribuyente puede solicitar una reunión con el superior jerárquico del inspector. Las modalidades de este recurso se recuerdan, en principio, en la propuesta de rectificación y en la Carta de derechos y obligaciones del contribuyente verificado. Este recurso abre un nuevo diálogo, sin garantizar el abandono de la regularización: es ante todo una nueva oportunidad de argumentar.
La remisión al interlocutor departamental
Si persisten desacuerdos tras el recurso jerárquico, el contribuyente puede acudir al interlocutor departamental, designado por la dirección de los servicios fiscales. Este aporta una nueva mirada sobre el expediente y puede, en su caso, facilitar su desbloqueo.
La remisión a la comisión departamental
Para determinados desacuerdos, principalmente sobre cuestiones de hecho, el contribuyente puede solicitar la remisión a la comisión departamental de impuestos directos y de impuestos sobre la cifra de negocios (o, para determinadas cuestiones de valor, a la comisión departamental de conciliación). En principio, las cuotas solo se ponen al cobro después del dictamen de la comisión.
Compuesta por representantes de la Administración y de los contribuyentes, la comisión escucha los argumentos del contribuyente, que puede hacerse representar por su abogado, y emite un dictamen que la Administración no está obligada a seguir. Solo es competente en determinados ámbitos.
La solicitud de condonación graciable de las sanciones
Una solicitud de condonación graciable no impugna el fundamento de las rectificaciones: pide una condonación o una moderación de las sanciones (recargos, multas). Se dirige a la oficina tributaria que practicó la liquidación, que la valora libremente.
Cuando la condonación prevista supera los 200 000 €, la decisión corresponde al ministro encargado del presupuesto, previo dictamen del comité de lo contencioso fiscal, aduanero y de cambios.
Como cada expediente es particular, el despacho puede asistirle en la respuesta a la propuesta de rectificación y en el ejercicio de estos recursos.
Lo que veo en mis expedientes
Los puntos débiles de las propuestas de rectificación que examino obedecen sobre todo a errores de procedimiento, en particular cuando el procedimiento se alarga. Por eso compruebo primero la regularidad del procedimiento y la prescripción, y después el fondo. Las vías amistosas (superior jerárquico, interlocutor departamental, comisiones) son muy útiles, pero todo depende de la forma de presentar las cosas.
En cuanto a los recargos, la buena fe se aprecia en función de elementos propios de cada situación, como, en presencia de activos en el extranjero, los vínculos con el país de que se trate, el origen de los fondos o la colaboración con la Administración en un clima de buen entendimiento. Y casi siempre intento una negociación: rara vez se tiene algo que perder.
FAQ
¿Cuál es el plazo para responder a una propuesta de rectificación?
En principio, treinta días desde su recepción. Este plazo se prorroga treinta días cuando el contribuyente lo solicita antes de su vencimiento (artículo L57 del LPF).
¿Qué ocurre si no se responde?
La falta de respuesta en plazo equivale, en principio, a una aceptación tácita de las rectificaciones. Sigue siendo posible presentar una reclamación tras la puesta al cobro, pero la carga de la prueba recae entonces, en principio, en el contribuyente, que debe demostrar el carácter excesivo de la liquidación.
¿Aceptar la propuesta impide cualquier impugnación posterior?
No necesariamente: en principio sigue siendo posible presentar una reclamación dentro de los plazos legales, pero el contribuyente debe entonces demostrar que la liquidación es excesiva. La conveniencia de aceptar o impugnar se valora, por tanto, caso por caso, idealmente con un abogado.
