Cuando la administración tributaria inspecciona a una empresa o a un particular, está obligada a respetar un procedimiento preciso, fijado principalmente por el Libro de procedimientos fiscales (LPF). Una irregularidad puede, según los casos, dar lugar a la anulación de todas o parte de las regularizaciones. El documento central de este procedimiento es la propuesta de rectificación, que expone las cuotas adicionales previstas.
Este artículo presenta cinco puntos que merecen comprobarse en una propuesta de rectificación y, después, otros aspectos del procedimiento y los recursos posibles. Como cada expediente es particular, el análisis de un abogado permite determinar si puede invocarse una irregularidad y de qué manera.
En resumen
- La propuesta de rectificación está, en principio, firmada por un agente competente y motivada, es decir, explica cada regularización.
- Se notifica, en principio, antes de que expire el plazo de prescripción: para el impuesto sobre la renta, en general el 31 de diciembre del tercer año siguiente al del impuesto.
- El procedimiento es, en principio, contradictorio: debate oral durante una comprobación in situ, plazo de 30 días, prorrogable a petición, para responder y respuesta motivada de la Administración.
- En principio, un mismo período no puede comprobarse dos veces respecto de los mismos impuestos.
- Incluso cuando el procedimiento se ha respetado, existen recursos: superior jerárquico, interlocutor, comisiones, reclamación y, después, el juez.
Índice
Los 5 puntos que comprobar en la propuesta de rectificación
Al final de una inspección, la Administración dirige en principio al contribuyente una propuesta de rectificación: es el documento que le informa de las regularizaciones previstas. Los cinco puntos siguientes forman parte de las reglas que la Administración está obligada a respetar; una lista más completa figura en el artículo sobre los 12 vicios de procedimiento que pueden anular las regularizaciones.
1. La firma de un agente competente
La propuesta de rectificación está, en principio, firmada por un agente competente para ello, en general a partir del grado de contrôleur, cuyo nombre y cargo se indican. Un documento emitido por un agente incompetente puede, según los casos, ser irregular.
2. Una motivación suficiente
La propuesta de rectificación está, en principio, motivada: para cada regularización indica los hechos considerados, los textos aplicados y el modo de cálculo, de forma que el contribuyente pueda formular sus observaciones (artículo L57 del LPF). Una motivación demasiado vaga o incompleta puede, según los casos, dar lugar a la anulación de la regularización afectada. El artículo he recibido una propuesta de rectificación: ¿qué hacer? describe este documento.
3. El respeto del plazo de prescripción
La Administración solo puede regularizar un impuesto durante un período limitado, llamado plazo de prescripción. Para el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades y el IVA, expira en principio el 31 de diciembre del tercer año siguiente a aquel por el que se adeuda el impuesto: el impuesto sobre la renta de 2022, declarada en 2023, puede en principio regularizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. En algunos casos existen plazos más largos, por ejemplo para las cuentas en el extranjero no declaradas. Véase el artículo sobre los plazos de regularización.
4. El respeto del principio contradictorio
El procedimiento es, en principio, contradictorio. Según el tipo de inspección, ello supone en particular un debate oral y contradictorio con el inspector durante una comprobación in situ, un plazo de 30 días para responder a la propuesta de rectificación, prorrogable 30 días a petición, y una respuesta motivada de la Administración a las observaciones del contribuyente. Antes de cualquier regularización, la Administración también puede enviar una solicitud de aclaraciones o de justificaciones.
5. En principio, ninguna segunda comprobación del mismo período
Un período ya comprobado no puede, en principio, volver a comprobarse respecto de los mismos impuestos (artículo L51 del LPF para la verificación de contabilidad; existe una regla comparable para el examen de la situación fiscal personal). No obstante, la ley prevé excepciones, por ejemplo en caso de conductas fraudulentas.
Otros aspectos del procedimiento: duración de la inspección y documentos retirados
Para las pequeñas empresas cuyo volumen de negocios no supera determinados umbrales, la comprobación in situ no puede, en principio, exceder de tres meses (artículo L52 del LPF), salvo las excepciones previstas por la ley. La superación de este plazo puede, según los casos, dar lugar a la anulación de las regularizaciones.
Durante una comprobación, la Administración puede pedir explicaciones y justificantes. En principio, solo puede llevarse documentos originales con el acuerdo escrito del contribuyente, y está entonces obligada a devolverlos; una devolución tardía o la falta de devolución puede, según los casos, constituir una irregularidad. El desarrollo de una comprobación se describe en el artículo sobre la verificación de contabilidad.
Los recursos, incluso cuando el procedimiento se ha respetado
Aunque la Administración haya respetado el procedimiento, el contribuyente dispone de varios medios para hacer valer sus argumentos:
- las observaciones en respuesta a la propuesta de rectificación, en principio, en el plazo de 30 días;
- el recurso al superior jerárquico del inspector y, después, al interlocutor designado por la Administración;
- según la naturaleza del desacuerdo, la intervención de la comisión departamental de impuestos directos y de impuestos sobre el volumen de negocios o de otra comisión, cuyo dictamen no vincula a la Administración;
- tras la puesta al cobro, la reclamación contenciosa y, en su caso, el tribunal administrativo.
La elección de los argumentos y del momento para presentarlos depende de cada expediente. Antes de cualquier trámite, es recomendable consultar a un abogado para analizar el procedimiento y el fondo de las regularizaciones. Véase también la página inspección fiscal en Francia: cómo defenderse con un abogado.
Los 5 puntos de un vistazo
| Punto | Regla de principio | Posible consecuencia de una irregularidad |
|---|---|---|
| Firma | Agente competente e identificado | Irregularidad de la propuesta, según los casos |
| Motivación | Hechos, textos y cálculos expuestos (artículo L57 del LPF) | Anulación de la regularización insuficientemente motivada, según los casos |
| Plazo de prescripción | En general 3 años, más en algunos casos | Regularizaciones en principio prescritas |
| Principio contradictorio | Debate oral, 30 días para responder, respuesta motivada | Anulación, según la gravedad del incumplimiento |
| Segunda comprobación | Prohibida para el mismo período y los mismos impuestos, salvo excepciones | Anulación de las regularizaciones derivadas de la segunda comprobación, según los casos |
Lo que veo en mis expedientes
La prescripción y la regularidad del procedimiento están entre las primerísimas cosas que examino en un expediente. No es un ejercicio teórico: con bastante frecuencia he conseguido la anulación de regularizaciones por irregularidad del procedimiento o por prescripción. El derecho tributario es complejo, y a veces se proponen rectificaciones indebidamente. Lo que inclina la balanza en una inspección son, en primer lugar, los errores de procedimiento y, después, el fondo; las vías amistosas siguen siendo muy útiles, a condición de que los argumentos estén bien presentados.
FAQ
¿Una irregularidad de procedimiento conlleva siempre la anulación de la regularización?
No necesariamente. Algunas irregularidades se sancionan con la nulidad en virtud de la propia ley; otras solo conllevan la anulación si privaron al contribuyente de una garantía o pudieron influir en la decisión. Por ello resulta útil un análisis caso por caso.
¿Cuál es el plazo para responder a una propuesta de rectificación?
En principio 30 días desde su recepción, plazo que puede prorrogarse 30 días mediante una solicitud presentada antes de su vencimiento. A falta de respuesta en plazo, las rectificaciones se consideran, en principio, aceptadas.
¿Hasta cuándo puede la Administración regularizar mi impuesto sobre la renta?
Por regla general, hasta el 31 de diciembre del tercer año siguiente al del impuesto. Este plazo puede ser más largo en algunos casos, en particular en caso de cuentas en el extranjero no declaradas o de actividad oculta. Véase el artículo sobre los plazos de regularización.
¿En qué momento puede invocarse una irregularidad de procedimiento?
En principio durante la inspección, en las observaciones en respuesta a la propuesta de rectificación y, después, en una reclamación y ante el juez. La elección del momento y de la forma de presentarla merece examinarse con un abogado.
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