Una declaración incompleta, anomalías o explicaciones poco claras pueden llevar a la administración tributaria francesa a iniciar una inspección fiscal. En este contexto, algunas actitudes facilitan en general el desarrollo de la inspección, mientras que otras pueden complicarlo.
Este artículo repasa las prácticas que se observan con más frecuencia, desde la primera carta de la Administración hasta la discusión de las rectificaciones. Como cada inspección es particular, estas pautas no sustituyen el análisis de la situación por un abogado.
En resumen
- Una solicitud de información no es vinculante, pero una respuesta rápida y precisa permite a menudo evitar que el expediente vaya a más.
- Una solicitud de aclaraciones o de justificaciones exige una respuesta en el plazo fijado, de al menos dos meses; en su defecto, es posible una liquidación de oficio.
- Durante la inspección, una actitud cortés y respuestas limitadas a las preguntas formuladas suelen ser preferibles.
- La oposición a la inspección fiscal puede conllevar un recargo del 100 % sobre las cuotas regularizadas.
- Tras la propuesta de rectificación existen varias vías amistosas: recurso jerárquico, interlocutor departamental, comisiones, solicitud graciable, transacción.
Índice
- La respuesta a las solicitudes de información
- Las solicitudes de aclaraciones o de justificaciones
- La solicitud de aplazamiento de la primera intervención
- Una actitud cortés con el inspector
- El riesgo de decir demasiado
- La asistencia de un abogado
- Una recepción sobria del inspector
- La oposición a la inspección fiscal y sus consecuencias
- Las vías de diálogo con la Administración
- La solicitud graciable
- La transacción
- Lo que veo en mis expedientes
- FAQ
La respuesta a las solicitudes de información
Una solicitud de información no es vinculante: la falta de respuesta no conlleva, en principio, ni sanción ni liquidación de oficio. No obstante, la Administración suele indicar un plazo de respuesta, en la práctica de unos treinta días.
Cuando la situación está en regla, una respuesta rápida y precisa, preparada idealmente con un abogado, permite a menudo disipar la duda de la Administración y evitar una propuesta de rectificación. Por el contrario, el silencio puede malinterpretarse y llevar a la Administración a iniciar un procedimiento más vinculante, como una solicitud de aclaraciones o de justificaciones.
Las solicitudes de aclaraciones o de justificaciones
Estas solicitudes, a menudo formuladas en el impreso n.º 2172 y enviadas por carta certificada con acuse de recibo, exigen una respuesta en el plazo indicado, que no puede ser inferior a dos meses. La falta de respuesta a una solicitud de justificaciones, o una respuesta equivalente a la falta de respuesta, permite a la Administración proceder a una liquidación de oficio (artículo L69 del Código de procedimientos tributarios, LPF), con un recargo del 40 % si demuestra un incumplimiento deliberado.
Una respuesta dada dentro de plazo, clara y respaldada por justificantes, es en general la más adecuada para demostrar la transparencia de la situación. Según los casos, puede prepararse con un abogado.
La solicitud de aplazamiento de la primera intervención
Al recibir un aviso de verificación, puede resultar tentador solicitar el aplazamiento de la fecha de la primera intervención. Tal solicitud puede estar justificada, por ejemplo para permitir que el asesor elegido esté presente o para reunir los documentos solicitados.
En cambio, las solicitudes de aplazamiento reiteradas o insuficientemente motivadas pueden percibirse como una voluntad de retrasar el procedimiento. En general solo aplazan las cuestiones que deben tratarse, y las maniobras dilatorias pueden incluso, en los casos más graves, calificarse de oposición a la inspección fiscal.
Una actitud cortés con el inspector
Una relación cordial con el inspector facilita en general el desarrollo de la inspección. Una impugnación sistemática o una actitud agresiva corre, por el contrario, el riesgo de ser contraproducente: puede dar la impresión de que se ocultan elementos e incitar al inspector a profundizar en sus investigaciones.
En una verificación de contabilidad, es habitual poner a disposición del inspector un despacho tranquilo, alejado de los documentos que no guardan relación con la inspección. Un eventual desacuerdo sobre el fondo podrá expresarse después, de forma argumentada, en las etapas previstas por el procedimiento.
El riesgo de decir demasiado
Bajo el efecto del estrés, algunos contribuyentes dicen más de lo que se les pide. Como la información facilitada puede ser utilizada por la Administración, en general es preferible limitarse a las preguntas formuladas y tomarse tiempo para reflexionar en caso de duda sobre la respuesta, en su caso con la ayuda de un abogado.
En una inspección de empresa, es habitual designar un interlocutor único para los intercambios con el inspector, de modo que la información transmitida sea coherente y esté verificada.
La asistencia de un abogado
La asistencia de un profesional, como un abogado, puede resultar muy útil durante toda la inspección fiscal. Abarca dos planos:
- El fondo: el examen de los motivos invocados por la Administración. ¿Están fundadas de hecho y de derecho las rectificaciones previstas?
- La forma: el examen de las normas de procedimiento que regulan la inspección, cuyo incumplimiento puede, en algunos casos, conllevar la anulación de las cuotas regularizadas.
Entre los puntos de procedimiento que se examinan con frecuencia figuran, en particular:
- la mención, en el aviso de verificación, de la facultad de hacerse asistir por un asesor;
- la indicación de los años sometidos a verificación;
- la entrega de la Carta de derechos y obligaciones del contribuyente verificado;
- el respeto del debate oral y contradictorio;
- el respeto del plazo de prescripción;
- cuando se aplican recargos por incumplimiento deliberado, su motivación y su visado por un funcionario de rango suficiente (artículo L80 E del LPF).
Estos puntos, y otros, se detallan en el artículo sobre los vicios de procedimiento en la inspección fiscal.
Una recepción sobria del inspector
Los funcionarios de la administración tributaria francesa (DGFiP) son celosos de la independencia de su misión. Recibir al inspector rodeado de numerosos asesores y colaboradores, como demostración de fuerza, corre el riesgo de complicar el desarrollo de la inspección y de incitar al inspector a mostrarse más minucioso. En general, es preferible una recepción en grupo reducido; los posibles errores del inspector podrán señalarse después, con un abogado, en particular en la fase de la propuesta de rectificación.
La oposición a la inspección fiscal y sus consecuencias
Se habla de oposición a la inspección fiscal (opposition à contrôle fiscal) cuando la inspección no ha podido llevarse a cabo por causa del contribuyente o de terceros. Es el caso, en particular, cuando el contribuyente:
- está ausente en la fecha prevista para el inicio de la inspección y permanece ilocalizable durante un largo periodo;
- se niega a facilitar su contabilidad o sus justificantes, o solo facilita elementos muy incompletos;
- retrasa el desarrollo de la inspección mediante maniobras dilatorias.
Las consecuencias son graves: las bases imponibles pueden determinarse de oficio (artículo L74 del LPF), y las cuotas regularizadas se incrementan entonces, en principio, con un recargo del 100 % (artículo 1732 del CGI).
Las vías de diálogo con la Administración
Cuando se reclama un suplemento de impuesto tras la inspección, una reclamación contenciosa y, en su caso, un recurso ante el tribunal no son las únicas opciones. Según los casos, existen vías amistosas para discutir la regularización fiscal:
- el recurso jerárquico: una entrevista con el superior jerárquico del inspector, que permite presentar directamente los argumentos de fondo y de forma;
- el interlocutor departamental, al que puede acudirse cuando persisten desacuerdos tras el recurso jerárquico;
- la remisión a una comisión o a un comité competente según la naturaleza del litigio, por ejemplo la comisión departamental de impuestos directos y de impuestos sobre la cifra de negocios o el comité del abuso de derecho fiscal.
La solicitud graciable
La solicitud graciable (demande gracieuse) no permite impugnar el fundamento de las cuotas regularizadas. Permite solicitar una condonación o una moderación de las sanciones (recargos, multas) y, en caso de dificultades económicas o indigencia, de determinados impuestos directos (artículo L247 del LPF). La Administración decide libremente qué curso darle.
La transacción
Cuando están en juego multas o recargos, y mientras no sean firmes, la transacción permite negociar con la Administración una atenuación de esas sanciones. A cambio, el contribuyente se compromete, en principio, a pagar las cantidades pendientes y renuncia a cualquier impugnación.
La Administración no está obligada a aceptar una transacción, y esta no es posible, en principio, cuando la Administración prevé iniciar acciones penales por fraude fiscal. Según los casos, puede permitir cerrar el expediente más rápidamente.
Como cada inspección es particular, el despacho puede asistirle en cada una de estas etapas.
Lo que veo en mis expedientes
El consejo que doy a casi todos mis clientes se resume en una fórmula: no ser más papista que el Papa. Bajo el efecto del estrés y de la emoción, se tiende a decir demasiado, a hacer demasiado, a adelantarse a las preguntas de la Administración para dar muestras de buena fe. Según mi experiencia, en general es más eficaz avanzar paso a paso, en un «ping-pong» controlado: responder de forma exacta y precisa a lo que se pide, sin aportar más información ni más documentos de los necesarios, lo que, evidentemente, no significa ocultar nada. Reaccionar en exceso es a menudo un error.
Por escrito, por teléfono o en reuniones, mis intercambios con la Administración son cordiales y respetuosos, en un clima de buen entendimiento: sigo las reglas del juego, sin sobreactuar, y los servicios se muestran entonces, en general, conciliadores y abiertos al diálogo. También me gusta adelantarme a los plazos de respuesta en lugar de esperar al último momento.
FAQ
¿Es obligatorio responder a una solicitud de información del fisco?
No: una solicitud de información no es vinculante, y la falta de respuesta no conlleva, en principio, ni sanción ni liquidación de oficio. En muchos casos, una respuesta precisa puede, no obstante, disipar rápidamente la duda de la Administración. Las solicitudes de aclaraciones o de justificaciones sí son, en principio, vinculantes.
¿Puede solicitarse el aplazamiento del inicio de una verificación?
Es posible solicitar un aplazamiento, en particular para permitir que el asesor elegido esté presente. La Administración no está, en principio, obligada a aceptarlo, y los aplazamientos reiterados pueden percibirse mal o incluso, en caso de maniobras dilatorias, calificarse de oposición a la inspección fiscal.
¿Qué es la oposición a la inspección fiscal?
Es la situación en la que la inspección no puede llevarse a cabo por causa del contribuyente o de terceros: ausencia prolongada, negativa a facilitar los documentos, maniobras dilatorias. Permite a la Administración determinar de oficio las bases imponibles y conlleva, en principio, un recargo del 100 % sobre las cuotas regularizadas.
¿Qué diferencia hay entre una solicitud graciable y una reclamación contenciosa?
La reclamación contenciosa impugna el fundamento o la regularidad del impuesto y puede ir seguida de un recurso ante el juez. La solicitud graciable no impugna el impuesto: pide una condonación o una moderación, principalmente de las sanciones, que la Administración concede o no libremente.
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