En el imaginario de muchos, una inspección fiscal es sinónimo de estrés y arbitrariedad: denuncias, un inspector que examina hasta el último gasto, una revisión interminable iniciada sin motivo. En realidad, la inspección fiscal es un procedimiento muy regulado, cuyas formas más profundas siguen siendo relativamente poco frecuentes para los particulares.
Desde hace varios años, sin embargo, el cruce automatizado de datos (intercambio automático de información entre Estados, declaraciones de las plataformas, minería de datos) ha cambiado las reglas del juego: hoy son menos los controles al azar que las anomalías detectadas las que desencadenan el examen de un expediente.
Estas son las principales ideas preconcebidas, contrastadas con las normas que realmente regulan la inspección fiscal de los particulares.
En resumen
- La mayoría de los controles de particulares son comprobaciones documentales, realizadas desde la oficina de la Administración.
- Los controles en profundidad (examen de la situación fiscal personal) son menos frecuentes y se desarrollan, en principio, en las dependencias de la Administración.
- Los expedientes se seleccionan sobre todo a partir de cruces de datos, incluida la información recibida del extranjero, más que a raíz de denuncias.
- El derecho de control está limitado en el tiempo: en principio tres años para el impuesto sobre la renta, diez años en algunos casos, en particular por cuentas en el extranjero no declaradas.
- La inspección se rige por normas de procedimiento cuyo incumplimiento puede conllevar la anulación de las cuotas regularizadas.
Índice
- Idea preconcebida n.º 1: el fisco multiplica los controles en profundidad
- Idea preconcebida n.º 2: el inspector viene a registrar el domicilio
- Idea preconcebida n.º 3: solo se controla a los hogares modestos o medios
- Idea preconcebida n.º 4: una inspección siempre se debe a una denuncia
- La realidad: expedientes seleccionados mediante cruce de datos
- La comunicación de información al fisco: una obligación para los terceros
- Los plazos de prescripción: un límite al control
- Las normas de procedimiento: la garantía de un examen leal
- Lo que veo en mis expedientes
- FAQ
Idea preconcebida n.º 1: el fisco multiplica los controles en profundidad
En la mayoría de los casos, los controles de los particulares son comprobaciones documentales (contrôles sur pièces): la Administración analiza las declaraciones desde su oficina, las coteja con la información de que dispone y comprueba la coherencia del conjunto del expediente. Si no aparece ninguna anomalía, a menudo el contribuyente ni siquiera tiene conocimiento de ello.
Cuando la Administración lo considera necesario, puede dirigir al contribuyente una solicitud de información, de aclaraciones o de justificaciones, o incluso notificarle una regularización. Los controles en profundidad, como el examen de la situación fiscal personal (ESFP) o la verificación de contabilidad de las empresas, siguen siendo proporcionalmente menos frecuentes.
Idea preconcebida n.º 2: el inspector viene a registrar el domicilio
Para los particulares, el examen de la situación fiscal personal se desarrolla, en principio, en las dependencias de la Administración, a partir de los documentos solicitados y de los extractos bancarios. El contribuyente puede ser recibido para una entrevista, en su caso acompañado de su asesor. La verificación de contabilidad de una empresa se desarrolla, en cambio, en principio en las instalaciones de la empresa.
Las visitas domiciliarias existen, pero constituyen un procedimiento distinto y excepcional, autorizado por un juez en caso de presunción de fraude (artículo L16 B del Código de procedimientos tributarios, LPF).
Idea preconcebida n.º 3: solo se controla a los hogares modestos o medios
No es así. Los contribuyentes con rentas o patrimonio importantes son, al contrario, objeto de un seguimiento especial: en la práctica, los expedientes llamados «de alto interés» suelen ser objeto de una comprobación documental en profundidad aproximadamente cada tres años. Las situaciones internacionales (rentas de fuente extranjera, cuentas en el extranjero, cambio de residencia) también reciben una atención especial.
Idea preconcebida n.º 4: una inspección siempre se debe a una denuncia
Las denuncias, y más aún las anónimas, rara vez desencadenan por sí solas una inspección: la Administración las trata con prudencia y da prioridad a la información precisa y verificable.
No obstante, desde 2017 la Administración puede indemnizar a «informantes» (aviseurs) que le facilitan información sobre determinados fraudes graves. Este dispositivo se dirigía en su origen a incumplimientos de carácter internacional, por ejemplo:
- el incumplimiento de las normas sobre domicilio fiscal en Francia;
- los esquemas de evasión fiscal internacional;
- la falta de declaración de cuentas bancarias en el extranjero.
Su ámbito se ha ampliado desde entonces, en particular a determinados fraudes en materia de IVA.
La realidad: expedientes seleccionados mediante cruce de datos
En la mayoría de los casos, los expedientes que se controlan se seleccionan a partir de cruces informáticos. Las fuentes utilizadas pueden ser, en particular:
- el fichero de cuentas bancarias (Ficoba) y el de contratos de seguro de vida y de capitalización;
- la base nacional de datos patrimoniales;
- la información transmitida por administraciones francesas y extranjeras, en particular en el marco del intercambio automático de información;
- las declaraciones de las plataformas en línea y la minería de datos.
La inspección fiscal se ha convertido así en un procedimiento muy técnico, en el que la asistencia de un abogado puede desempeñar un papel importante.
La comunicación de información al fisco: una obligación para los terceros
El mito de la denuncia se alimenta a veces del hecho de que la Administración dispone de información que solo el banco del contribuyente parecía conocer. En realidad, los bancos y muchos otros organismos declaran automáticamente determinada información (apertura y cierre de cuentas, rendimientos del capital mobiliario…) y deben responder a las solicitudes de la Administración en el marco de su derecho de comunicación, so pena de sanciones.
Para las cuentas en el extranjero, la Administración francesa recibe además cada año información de los Estados socios en el marco del intercambio automático de información.
Los plazos de prescripción: un límite al control
La Administración no puede controlar indefinidamente. Su derecho de revisión está limitado en el tiempo, según la naturaleza del impuesto:
| Impuesto | Plazo de prescripción en principio | Ampliación posible |
|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta | 3 años (hasta el final del tercer año siguiente a aquel por el que se adeuda el impuesto) | 10 años en caso de actividad oculta o, con condiciones, de cuentas o contratos en el extranjero no declarados |
| Impuesto sobre el patrimonio inmobiliario (IFI) | 3 años si la exigibilidad del impuesto se reveló suficientemente en la declaración, 6 años en caso contrario | 10 años, con condiciones, en caso de bienes en el extranjero no declarados |
| Impuesto sobre bienes inmuebles (taxe foncière) | Hasta el final del año siguiente a aquel por el que se adeuda el impuesto | Normas particulares en algunos casos |
El detalle figura en el artículo sobre los plazos de regularización.
Las normas de procedimiento: la garantía de un examen leal
El contribuyente no está indefenso: la inspección fiscal está sujeta a numerosas normas establecidas en su favor. Su incumplimiento por parte de la Administración puede, en algunos casos, conllevar la anulación de la regularización. Entre las irregularidades que se examinan con frecuencia figuran, en particular:
- la falta de aviso de verificación;
- la falta de entrega de la Carta de derechos y obligaciones del contribuyente verificado;
- un plazo insuficiente para hacerse asistir por un asesor, o la falta de información sobre esta facultad;
- el incumplimiento de las condiciones para llevarse los documentos contables.
Conocer sus derechos permite afrontar la inspección fiscal con más serenidad; la asistencia de un abogado puede ayudar a hacerlos valer.
Lo que veo en mis expedientes
Otras ideas preconcebidas merecen matizarse. La primera, la más frecuente en mis expedientes: bastaría con pasar menos de 183 días al año en Francia para no ser residente fiscal allí. Es inexacto: los criterios del artículo 4 B del CGI son alternativos. En principio, basta con que la familia viva en Francia, o con que la actividad profesional principal se ejerza allí, para ser residente, cualquiera que sea el número de días; la duración de la estancia solo entra en juego a falta de hogar. La segunda: regularizar espontáneamente lo cambiaría todo. Según mi experiencia, la Administración puede mostrarse algo más clemente, pero no constato una gran diferencia de trato con una regularización realizada a petición de esta. La tercera: habría que decirlo todo y aportarlo todo para demostrar la buena fe. En la práctica, decir demasiado atrae a menudo la atención sobre otros asuntos; responder de forma exacta y precisa a lo que se pide es, en general, más eficaz.
Por último, una regularización no es inevitable: la prescripción y la regularidad del procedimiento figuran entre los primeros puntos que compruebo, y con bastante frecuencia he conseguido la anulación de regularizaciones por estos motivos.
FAQ
¿Puede realizarse una inspección fiscal en el domicilio de un particular?
En principio no: el examen de la situación fiscal personal se desarrolla en las dependencias de la Administración. Las visitas domiciliarias existen, pero se trata de un procedimiento excepcional, autorizado por un juez en caso de presunción de fraude.
¿Durante cuántos años puede la Administración revisar una declaración de la renta?
En principio durante tres años: hasta el final del tercer año siguiente a aquel por el que se adeuda el impuesto. Este plazo puede ampliarse a diez años en algunos casos, en particular en caso de actividad oculta o, con condiciones, cuando no se han declarado cuentas o contratos en el extranjero.
¿Desencadenan a menudo las denuncias una inspección?
Rara vez. La mayoría de los expedientes se seleccionan a partir de cruces de datos, en particular información bancaria y datos recibidos del extranjero. No obstante, la Administración puede indemnizar a informantes por determinados fraudes graves, principalmente de carácter internacional.
