Inspección fiscal de un particular (ESFP): ¿cómo reaccionar?

Ya sea causado por un error, un olvido o incluso un fraude voluntario, un examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP) es una investigación minuciosa realizada por los agentes de la Administración tributaria francesa (DGFiP) para, en la mayoría de los casos, controlar la coherencia entre el patrimonio de un particular, sus ingresos declarados y su nivel de vida.

En resumen

El examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP) es una inspección en profundidad que comprueba la coherencia entre las rentas declaradas, el patrimonio, la tesorería y el tren de vida de un particular.
Comienza, en principio, con un aviso de examen, acompañado de la carta de derechos y obligaciones del contribuyente inspeccionado, y con una solicitud de documentos, a menudo los extractos bancarios.
Se celebra un debate oral y contradictorio con el agente; la asistencia de un abogado es posible durante todo el procedimiento.
Las sumas no explicadas pueden ser objeto de una solicitud de justificaciones (plazo de respuesta de dos meses) y, a falta de respuesta suficiente, de una tributación de oficio.
Existen recursos (superior jerárquico, interlocutor, comisiones, reclamación), y las irregularidades de procedimiento pueden, según los casos, conllevar la anulación de las regularizaciones.

Índice

1- Definición del examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP)
2- Desarrollo del examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP)
3- Los recursos posibles
4- ¿Cómo demostrar su buena voluntad durante un ESFP?
5- Los distintos motivos de un control fiscal
6- La verificación de la conformidad del procedimiento
Lo que veo en mis expedientes
7- Conclusión
FAQ

1- Definición del examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP)

Si la Hacienda francesa detecta anomalías en las declaraciones de la renta de un particular, procede al estudio en profundidad de su situación en los locales del contribuyente y/o en las oficinas de la Administración. Así, el agente encargado del expediente reunirá todos los documentos necesarios para el examen fiscal, teniendo en cuenta que la Administración tributaria ya dispone de determinados documentos incluso antes del control. Se trata del examen fiscal documental (contrôle sur pièces). Si, al estudiar esta información, el agente constata incoherencias o irregularidades, será entonces necesario aclarar la situación. Por ello, en algunos casos, se inicia un examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP).

2- Desarrollo del examen contradictorio de la situación fiscal personal (ESFP)

Recepción de una carta

La comprobación comienza, en principio, con una carta (aviso de examen contradictorio de la situación fiscal personal) que informa de su inicio y suele solicitar determinados documentos, por lo general los extractos bancarios. Después pueden recibirse otras cartas en las que se pide completar y precisar la situación familiar, las rentas, el lugar de residencia, etc.; cada una enumera los documentos que deben aportarse y las precisiones esperadas, en un plazo que, en principio, se indica (a menudo 60 días). Una transmisión diligente de estos documentos puede demostrar una buena colaboración. Un abogado fiscalista puede acompañar estos trámites y ayudar a determinar los documentos que deben aportarse.

Análisis de los justificantes

A continuación, estos documentos serán descifrados, examinados en profundidad y analizados por los agentes de la Administración tributaria encargados de su expediente. Todos sus movimientos bancarios se estudiarán minuciosamente. Sus cuentas corrientes, cuentas financieras de distinta naturaleza, las cuentas mixtas, sus cuentas mantenidas en entidades bursátiles o incluso sus cuentas situadas en el extranjero serán analizadas para comprobar que no se ha producido ningún error ni ningún olvido en sus declaraciones.

Debate oral y contradictorio

A continuación, después e incluso a menudo durante este estudio, tiene lugar el debate oral y contradictorio. El agente presenta los errores y omisiones que haya podido detectar. Durante este debate, es posible contar con la asistencia de un abogado fiscalista, que aporta su experiencia, tanto en el plano técnico como en la estrategia que conviene adoptar.

Resultados

A raíz de ello, se presentan dos supuestos. Si el estudio de su expediente no revela ningún error ni ningún olvido, el control fiscal terminará ahí y usted recibirá una notificación de ausencia de rectificación.

Si persisten dudas y los agentes no obtienen explicaciones plausibles sobre la adquisición de determinadas sumas de dinero, o en caso de negativa a cooperar, podrá iniciarse entonces un segundo procedimiento. Es el procedimiento escrito.

El procedimiento escrito

El procedimiento escrito interviene cuando las explicaciones dadas no parecen suficientes a la Administración, o en caso de falta de colaboración. La Administración puede entonces enviar una solicitud de justificaciones (impreso n.º 2172-SD), relativa al año o años comprobados. El contribuyente dispone, en principio, de un plazo de dos meses para responder. Esta solicitud es, en principio, posible cuando los abonos bancarios alcanzan al menos el doble de las rentas declaradas o las superan en al menos 150 000 €.

Si las explicaciones o justificaciones siguen sin convencer a la Administración y persisten discrepancias, esta puede enviar un requerimiento para completar la respuesta en un plazo de 30 días, relativo a las cantidades aún no justificadas.

A falta de respuesta suficiente en ese plazo, la Administración puede, en principio, liquidar de oficio las cantidades que sigan sin explicarse (artículo L69 del LPF). Se calcula entonces una nueva base imponible; de ello resultan con frecuencia cuotas adicionales, acompañadas de sanciones e intereses de demora.

3- Los recursos posibles

A raíz de una propuesta de rectificación, tendrá la posibilidad de justificar las sumas afectadas por zonas oscuras, así como de dar explicaciones. La ayuda de un abogado fiscalista podrá serle útil para encontrar los argumentos adecuados y la actitud correcta que debe adoptarse para demostrar su buena fe o, como mínimo, su voluntad de encontrar un punto de acuerdo con la Administración tributaria.

El agente de la Administración tributaria estudiará este recurso con atención para comprender en qué medida sus explicaciones pueden modificar o anular la propuesta de rectificación. Si el agente considera que no lo permiten, esta propuesta seguirá siendo válida. No obstante, recibirá, en principio, una respuesta por parte de la Administración tributaria, tanto si se aceptan sus explicaciones como si no.

También podrá acudir al superior jerárquico del agente que haya llevado a cabo el control para solicitar un recurso, así como al interlocutor departamental (interlocuteur départemental) para obtener un nuevo examen de su expediente.

En algunos casos, también es posible acudir a la comisión departamental de impuestos directos y de impuestos sobre el volumen de negocios. Esta solicitud se presenta, en principio, en los 30 días siguientes a la recepción de la respuesta de la Administración a las observaciones del contribuyente. La comisión examina los elementos del expediente y puede solicitar nuevos justificantes. Sus conclusiones, que solo constituyen un dictamen consultivo que no vincula a la Administración, pueden ser favorables o desfavorables a la propuesta de rectificación. La Administración notifica después, en su caso, las cantidades puestas al cobro.

Si desea impugnar las sumas que debe abonar y la puesta al cobro, pueden plantearse una reclamación y, en su caso, una solicitud de suspensión del pago, preferiblemente tras el análisis del expediente por un abogado.

Existen, por tanto, numerosos recursos a lo largo del procedimiento, que constituyen otras tantas ocasiones de hacer valer los propios argumentos y de obtener, según los casos, la estimación total o parcial de las pretensiones. Además, estos recursos pueden, según los casos, retrasar la exigibilidad de las cantidades impugnadas (en particular en caso de solicitud de suspensión del pago).

4- ¿Cómo demostrar su buena voluntad durante un ESFP?

Un control fiscal se inmiscuye en su vida privada. Ello resulta muy a menudo estresante. Como particular, todas sus cuentas son examinadas a fondo. Sus gastos, sus entradas de dinero, etc. Se trata de algo serio, que suele empezar con una carta certificada con acuse de recibo. Un expediente sólido y preciso, remitido en los plazos establecidos, suele ser determinante; un abogado puede ayudar a construirlo.

Durante su primera citación en las oficinas de la Administración tributaria, dispondrá de numerosa información que puede ser útil tener en cuenta, con su abogado, para construir su estrategia de defensa y demostrar que colabora.

Aunque los agentes de la Administración tributaria no estén en su contra, pueden plantearse preguntas sobre ciertas zonas oscuras en sus finanzas y contemplar un posible fraude o, como mínimo, ciertos olvidos. Una actitud cooperativa desde el principio suele valorarse, y un clima de confianza con los agentes encargados del expediente puede ser una ventaja. La educación y la cortesía siguen siendo oportunas, aunque las preguntas sobre su vida privada sean largas y repetitivas y sus facturas, sus cuentas y sus gastos se examinen con lupa. Unas explicaciones claras y sinceras, preparadas si es posible con un abogado, suelen captar la atención de los agentes. Mantener la calma también puede evitar que una salida de tono se vuelva en su contra.

Además, puede ser importante preparar bien sus citas, idealmente con un abogado fiscalista. Algunas preguntas pueden guiar esta preparación: ¿por qué ha sido citado? ¿Por qué se ve afectado por un control fiscal? Preparar la defensa y las respuestas suele permitir afrontar las entrevistas con más serenidad; las vacilaciones a veces pueden malinterpretarse. Las respuestas prefabricadas que los inspectores escuchan a menudo («No lo sabía; Tengo grandes dificultades económicas; No he sido yo; etc.») rara vez convencen: unas respuestas claras y fundamentadas jurídicamente suelen ser más eficaces.

5- Los distintos motivos de un control fiscal

La primera pregunta que podrá hacerse tras haber recibido una carta certificada con acuse de recibo es, sin duda, ¿por qué usted? ¿Qué ha llevado a la Administración tributaria a realizar una investigación sobre sus declaraciones, sus ingresos, sus gastos? Varios indicios pueden llevar a la Administración tributaria a iniciar un ESFP.

Control documental

En primer lugar, un agente puede haber realizado un control documental, es decir, un control desde su oficina, sin que el contribuyente sea avisado. Con ese motivo pueden haber aparecido errores, olvidos o incoherencias. Si estas anomalías son importantes y persisten tras el control documental, la Administración puede iniciar una comprobación fiscal. Por regla general, el contribuyente no es informado de esta primera fase. Las diferencias que pueden alertar al fisco pueden haberse detectado comparando dos o más declaraciones, dentro de una misma declaración o entre las declaraciones de personas pertenecientes al mismo hogar, o comparando las declaraciones con información procedente, por ejemplo, de la Urssaf, de la Caf, del empleador o del banco. El agente realiza entonces su investigación cruzando toda esta información.

Controles decididos a nivel central

Si la Administración tributaria detecta anomalías en un sector en particular, podrá ordenar controles sobre los perfiles afectados o, más concretamente, sobre determinadas operaciones. El objetivo principal de estas operaciones selectivas será detectar nuevos fraudes y perseguir a las personas implicadas. Estas instrucciones pueden proceder del propio ministro de Economía o de la dirección departamental. Estas campañas de control fiscal, a gran escala, se realizan para detener o, al menos, frenar los abusos fiscales en un sector en particular.

Puede, por ejemplo, dirigirse a los particulares que se benefician indebidamente del régimen de la Ley Pinel o que realizan operaciones bursátiles no declaradas. Si se detectan fraudes de forma reiterada en este tipo de perfil, se inician controles.

Una declaración exacta y coherente limita, por tanto, el riesgo de una comprobación fiscal, a menudo desagradable y rara vez sin consecuencias.

Por último, si el control fiscal se produce de todos modos, suele ser preferible consultar rápidamente a un abogado fiscalista, que podrá asesorar sobre la actitud que conviene adoptar y sobre la preparación del expediente. Según los casos, presentar rápidamente la información solicitada, con explicaciones claras, concisas y documentadas, puede ayudar a demostrar su buena fe.

El descubrimiento de nueva información

La Administración tributaria está autorizada a consultar los datos procedentes de la Urssaf, de las cajas de jubilación o del seguro de enfermedad, o incluso de los bancos: es el derecho de comunicación (droit de communication). Al estudiar estos datos, pueden aparecer a ojos de la Administración tributaria incoherencias con respecto a sus declaraciones previamente registradas.

Así, puede iniciarse una comprobación fiscal para verificar con precisión el expediente y los posibles errores. Según la magnitud de las anomalías detectadas, pueden solicitarse justificantes o puede iniciarse una comprobación fiscal. El tren de vida, los gastos, las rentas y el patrimonio pueden entonces analizarse para comprobar que no se ha omitido ningún elemento imponible.

El control de un tercero

Dentro de una misma familia o de un mismo hogar, las declaraciones son, en principio, coherentes entre sí. Tras cada declaración anual, las cantidades declaradas se cotejan, en principio. Cuando se detecta una contradicción, los agentes intentan determinar si se trata de un simple error, de un olvido o de un fraude. Una actitud cooperativa, la transmisión de los documentos complementarios solicitados y respuestas precisas, preparadas idealmente con un abogado, pueden ayudar a limitar el riesgo de regularización.

No ha declarado sus ingresos

Es evidente que la falta de declaración llevará, en general, a la Administración tributaria a plantearse preguntas. En efecto, declarar los ingresos cada año es, en principio, una obligación, incluso si no tiene ingresos o no está sujeto a tributación. A veces, basta con una simple solicitud para que un contribuyente presente su declaración, ya que podía no saber que debía hacerla. Pero, ocasionalmente, es necesario un requerimiento formal para obligar a un particular a declarar sus ingresos si las cartas anteriores han quedado sin respuesta.

Por último, puede producirse una comprobación fiscal si una declaración se presenta al cabo de muchos años y contiene anomalías importantes. Cabe señalar que también puede aplicarse una liquidación de oficio si no se responde a los reiterados requerimientos de la Administración.

Ser denunciado por un tercero

Aunque esta situación es poco frecuente, existe. Ser denunciado por un tercero, un conocido o un vecino lleva, en determinados casos, a la Administración tributaria a realizar una investigación para verificar los fundamentos de esta denuncia: es el control documental. Si, tras sus indagaciones, el agente constata incoherencias, errores u olvidos, puede ordenarse un control fiscal para verificar si se trata efectivamente de un fraude.

Las situaciones que atraen la atención de la Hacienda francesa

Este examen, que es de hecho una inspección fiscal, desencadena un procedimiento que permite al inspector comprobar y analizar las cuentas bancarias del contribuyente sometido a dicho procedimiento.

Se trata de una comprobación cuyo objetivo es verificar la coherencia entre las rentas declaradas y la situación patrimonial del contribuyente. También es un medio para comparar su situación de tesorería con su nivel de vida y con el de los demás miembros de la unidad familiar a efectos fiscales. En este marco, el inspector examina el conjunto de los documentos relativos a los movimientos bancarios, como los cobros y los pagos del contribuyente, que pueden consultarse en los extractos de cuenta.

Cuando el examen revela abonos bancarios incoherentes, la Administración tributaria puede enviar una solicitud de aclaraciones, o incluso de justificaciones, sobre esas cantidades. A falta de respuesta a una solicitud de justificaciones, puede aplicarse una liquidación de oficio. No obstante, esta solicitud de justificaciones supone, en principio, que los abonos bancarios alcancen al menos el doble de las rentas declaradas (la llamada regla «del doble») o las superen en al menos 150 000 €. En ausencia de tales diferencias, la Administración puede, en principio, solicitar aclaraciones, pero no exigir justificaciones en el marco de este procedimiento.

Las situaciones que suelen despertar el interés particular de la Administración tributaria son las siguientes:

Las cuentas mixtas: son cuentas que sirven a la vez como cuentas privadas y profesionales. Cuando el ESFP pone de manifiesto una omisión o una insuficiencia de declaración, la Administración tributaria puede practicar una regularización. Cabe señalar que esta comprobación puede realizarse sin entrar en el marco específico de una verificación de contabilidad de la empresa. Distinguir, en la medida de lo posible, la tesorería privada de la profesional (por ejemplo, mediante una cuenta profesional específica) puede, por tanto, limitar las dificultades en caso de comprobación.
Cuando usted tiene una cuenta inactiva: esta situación puede dar lugar a situaciones sorprendentes. En principio, una cuenta se considera inactiva al cabo de un año sin ningún movimiento a iniciativa de su titular, y el banco puede entonces cobrar comisiones por inactividad. Estas cuentas durmientes, a veces con saldos importantes, pueden alertar a la Administración tributaria y dar lugar a un ESFP. La comprobación se desarrolla en la oficina tributaria o, a petición del contribuyente, en su domicilio.
Cuando su cuenta bancaria registra regularmente ingresos en efectivo, por importes que finalmente resultan elevados
Cuando su cuenta bancaria ha recibido cantidades procedentes del extranjero, por importes elevados
Cuando ha realizado, por importes elevados, transferencias al extranjero
Cuando dispone de una o varias cuentas en el extranjero no declaradas
Cuando su nivel de vida parece notablemente desvinculado de sus rentas declaradas: por ejemplo, adquisición de un inmueble sin préstamo por un importe elevado cuando las rentas declaradas son bajas, constitución de una sociedad con un capital elevado cuando las rentas declaradas son bajas, posesión de varios vehículos de alta gama cuando las rentas declaradas son bajas, etc.

Estas situaciones están a menudo en el origen de una comprobación exhaustiva por parte de la Administración tributaria. En cuanto a las cuentas llamadas «durmientes», una legislación específica permite, desde el 1 de enero de 2016, buscar a los titulares de esas cuentas. Permite evitar la pura y simple desaparición de las cantidades afectadas, o incluso recuperarlas, y sirve también para localizar a los herederos de titulares fallecidos.

6- La verificación de la conformidad del procedimiento

Aunque se trata de un tema muy técnico, puede ser importante interesarse por los mínimos detalles del ESFP: la Administración está, en efecto, obligada a respetar rigurosamente el procedimiento. Por regla general, toma todas las precauciones necesarias para evitar errores de procedimiento.

No obstante, estos errores existen; he aquí algunos ejemplos:

Los documentos originales entregados no se han devuelto.
No se le ha informado de la posibilidad de hacerse asistir por un profesional del sector para que le asesore (como un abogado fiscalista, por ejemplo).
No se ha recibido la carta de derechos y obligaciones del contribuyente comprobado, que debe entregarse, en principio, junto con el aviso de examen.
No ha recibido la propuesta de rectificación en los plazos establecidos.
La carta n.º 2172 no se envió a la dirección correcta, o no puede acreditarse su recepción.
Su regularización fiscal no está suficientemente motivada, tanto en relación con la ley como en cuanto a los hechos.
Los intercambios con la Administración han sido insuficientes: el contribuyente debe, en principio, haber podido explicarse, defenderse y hacer valer su buena fe, en particular en un debate oral y contradictorio; la ausencia de tal debate puede, según los casos, constituir una irregularidad.
Una mezcla de procedimientos: es el particular quien es objeto de comprobación; el ESFP no permite, en principio, comprobar la empresa de la que, en su caso, es titular.
Una falta de información: cuando la Administración solicita información sobre el contribuyente a la administración tributaria de otro Estado (por ejemplo, sobre cuentas bancarias), su plazo de comprobación puede prorrogarse, siempre que, en principio, informe al contribuyente de esa solicitud en los 60 días siguientes a su envío (artículo L188 A del LPF).

Se trata de una lista no exhaustiva. Un abogado fiscalista puede ayudar a velar por el respeto de sus derechos. Según la naturaleza de la irregularidad, puede anularse total o parcialmente el procedimiento y las regularizaciones.

Cabe señalar que una regularización fiscal, al igual que un ESFP, solo es posible, en principio, hasta el 31 de diciembre del tercer año siguiente a aquel por el que se adeuda el impuesto (rentas del año N: hasta el 31 de diciembre de N+3), plazo que se amplía a 10 años en algunos casos (cuentas en el extranjero no declaradas, actividades ocultas…). El incumplimiento de estos plazos hace, en principio, irregular la liquidación. Una incoherencia de fechas o un error material puede también, según los casos, constituir un vicio de forma.

Un abogado fiscalista, familiarizado con estas sutilezas, puede ayudar a hacerlas valer, y un acompañamiento adecuado permite, por lo general, afrontar el procedimiento con más serenidad. Un error de buena fe, o debido al desconocimiento de normas muy técnicas, puede, según los casos, defenderse. La participación en la comprobación fiscal y las respuestas a los requerimientos de la Administración son importantes: de lo contrario, puede aplicarse una liquidación de oficio, procedimiento más sencillo y rápido para la Administración, que no tiene entonces que escuchar al contribuyente ni seguir todo el procedimiento contradictorio, y que a menudo da lugar a regularizaciones mucho más elevadas.

Lo que veo en mis expedientes

Las inspecciones que trato son controles documentales y exámenes de la situación fiscal personal (ESFP). En ambos casos, la pregunta que la Administración plantea con más frecuencia es la del origen de los fondos: según la respuesta que se dé y los justificantes que se aporten, las regularizaciones serán más o menos cuantiosas, o incluso imposibles. Eso da una idea de la atención que merece cada respuesta, que prefiero preparar con antelación y no en el último momento.

El consejo que doy a casi todos mis clientes es no ser más papista que el Papa: bajo el efecto del estrés, se tiende a decir demasiado y a adelantarse a las preguntas. Según mi experiencia, avanzar paso a paso, respondiendo de forma exacta y precisa a lo que se pide, es en general más eficaz. La inquietud es normal; mi función es mantener una mirada objetiva sobre la situación y, si es seria, decirlo. Por regla general, un control dura entre seis y doce meses.

7- Conclusión

Las consecuencias de un control fiscal son numerosas y no deben tomarse a la ligera. Una actitud atenta y cooperativa con el agente encargado del expediente puede, según los casos, ayudar a demostrar su buena fe y a evitar una liquidación de oficio (taxation d’office); el acompañamiento de un abogado permite ajustar esta actitud a su situación.

La liquidación de oficio se produce cuando usted no da a la Administración tributaria una explicación suficiente sobre determinados movimientos bancarios. Cuando un agente detecta una anomalía en su declaración, lleva a cabo una investigación para encontrar su causa y podrá preguntarle por la procedencia de tal entrada de dinero, por ejemplo. Si no responde o si sus explicaciones se consideran insuficientes, la Administración tributaria podría aplicar una liquidación de oficio en el impuesto sobre la renta, así como en las cotizaciones sociales (prélèvements sociaux), cuyas consecuencias económicas suelen ser importantes.

Así pues, en principio es útil presentar, en los plazos previstos por la ley, la documentación solicitada (facturas, extractos de cuentas, etc.), es decir, los documentos que puedan convencer a la Administración de que no ha ejercido una actividad paralela no declarada. Un abogado fiscalista puede aportarle su experiencia en derecho tributario, asistirle cuando responda a las preguntas del agente y velar por el respeto de sus derechos como contribuyente durante todo el procedimiento.

Cuenta mixta, cuenta en el extranjero, declaración contradictoria dentro de un mismo hogar fiscal, diferencia entre las sumas declaradas y las que figuran en su cuenta o cuentas al menos dos veces superiores, cuentas inactivas (un año sin ningún movimiento), incoherencia superior a 150 000 € con respecto a los ingresos declarados previamente, cobro regular e importante de efectivo, transferencias al extranjero o incluso si su nivel de vida difiere en gran medida de sus ingresos declarados: por ejemplo, si posee un coche de lujo mientras que sus ingresos son reducidos o si compra una casa sin préstamo mientras que sus ingresos son bajos. Todos estos supuestos pueden alertar a la Administración tributaria y dar lugar a un control fiscal.

Sin pánico: contar con el acompañamiento de un abogado fiscalista suele permitir afrontar el procedimiento con más serenidad. La cortesía sigue siendo oportuna, y los plazos pueden aprovecharse para preparar la defensa con su abogado, constituir un expediente sólido con los justificantes útiles y adoptar, en las citaciones, la actitud más adecuada. Una implicación real en el procedimiento, con la asistencia de un abogado, puede mejorar las posibilidades de limitar las consecuencias del control.

FAQ

¿Cuánto dura un ESFP?

En principio, un ESFP no puede extenderse más de un año desde la recepción del aviso de examen; no obstante, este plazo puede prorrogarse en algunos casos, por ejemplo cuando se solicita información a otro Estado.

¿Se puede estar asistido por un abogado durante un ESFP?

Sí: el contribuyente puede estar asistido por el asesor de su elección, y el aviso de examen debe, en principio, informarle de ello.

¿Qué ocurre si no se responde a una solicitud de justificaciones?

Tras un requerimiento formal que no haya recibido respuesta suficiente en un plazo de treinta días, las sumas que siguen sin explicarse pueden, en principio, gravarse de oficio (artículo L69 del Libro de Procedimientos Fiscales), lo que priva al contribuyente de ciertas garantías.

¿Puede el ESFP referirse a cuentas en el extranjero?

Sí: la administración examina todas las cuentas del contribuyente, incluidas las que tiene en el extranjero, y puede solicitar información a otros Estados; en ese caso, el contribuyente es informado, en principio, y algunos plazos pueden prorrogarse.

¿Cómo termina un ESFP?

Bien con un aviso de ausencia de rectificación, bien con una propuesta de rectificación motivada, a la que el contribuyente puede responder en un plazo de treinta días, prorrogable treinta días a petición suya.

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