Si usted posee una o varias cuentas en el extranjero no declaradas, esta guía redactada por nuestro despacho de abogado fiscalista podrá ofrecerle una visión exhaustiva de lo que está en juego fiscalmente en Francia.

Salvo excepciones, la tenencia de cuentas en el extranjero no es ilegal.

Lo primero que hay que entender es que la tenencia de cuentas bancarias en el extranjero no está prohibida.

El Código General de Impuestos francés (CGI) se limita a indicar que, en caso de tener cuentas bancarias en un banco extranjero, el contribuyente está obligado a declararlas cada año. La declaración se efectúa mediante el formulario 3916.

En caso de no declararlas, el contribuyente se expone a una multa fijada, por lo general, en 1.500 € por año y por cuenta no declarada.

Ejemplo: un contribuyente tiene una cuenta en un banco suizo y otra en un banco belga. Nunca ha declarado estas cuentas, que se abrieron ambas en los años 90.

Por tanto, se expone a 2 x 1.500 € de multa por año, en principio durante 4 años. La multa total ascendería, pues, a 3.000 x 4 = 12.000 €.

Sin embargo, muy a menudo, la persona tiene en su banco extranjero distintos tipos de cuentas (una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta de valores…). La aplicación estricta de los textos debería conducir, en principio, a la imposición de una multa por cada cuenta no declarada (una multa por la cuenta corriente, otra por la cuenta de ahorro, etc.).

No obstante, a veces es posible negociar con la administración sobre este punto y que solo se aplique una única multa por el conjunto de las cuentas mantenidas en un mismo banco.

Esto será tanto más factible cuanto que los números de cuenta tengan la misma raíz. Por ejemplo, una cuenta corriente n.º 200300400 y una cuenta de ahorro n.º 200300400-2. Se aprecia de inmediato que la cuenta de ahorro es en realidad una subcuenta de la cuenta corriente. Por tanto, ambas cuentas deberían tratarse como una sola y misma cuenta y generar una única multa.

En la práctica, es raro que los números estén construidos exactamente de la misma manera, pero la identificación de una raíz común, o al menos de un inicio de raíz común, contribuirá a demostrar la similitud de las cuentas y abogará en favor de una sola y misma multa para el conjunto de las cuentas mantenidas en un mismo banco.

El contexto también desempeñará un papel importante.

En caso de regularización espontánea del contribuyente o de regularización tras la primera carta no contenciosa (751-SD, lo que significa que todavía no nos encontramos ante un procedimiento de inspección fiscal, sino ante una simple invitación «amistosa» a regularizar), la administración estará, en principio, más dispuesta a acoger este tipo de argumento.

En cambio, en caso de inspección fiscal o, sobre todo, al final de una inspección fiscal que haya ido mal (contribuyente que no ha respondido a todas las cartas, que no siempre ha acudido a las reuniones, que no ha presentado ningún justificante o muy pocos, que ha dado explicaciones que han parecido fantasiosas…), la negociación será más incierta.

Aspecto penal de la tenencia de cuentas en el extranjero

En algunos casos, las regularizaciones fiscales podrán ir acompañadas de sanciones penales.

Desde la desaparición del «cerrojo de Bercy» (verrou de Bercy), la administración tributaria está obligada, en principio, a remitir el expediente al fiscal (procureur de la République) cuando considera que se han cometido fraudes y que el importe de las regularizaciones supera los 100.000 €.

Si el importe de las regularizaciones no supera los 100.000 €, la administración tributaria sigue estando facultada, si así lo desea, para remitir el expediente al fiscal, pero no está obligada a ello.

En los últimos tiempos se ha podido constatar un aumento de las remisiones de expedientes al fiscal por parte de la administración tributaria.

Superponer una capa penal a la capa fiscal que constituyen las regularizaciones está «de moda».

Mientras que antes las sanciones penales rara vez se aplicaban a los expedientes fiscales (solo afectaba a los casos más extremos de fraude fiscal), hoy en día se aplican sanciones penales cada vez con más frecuencia, incluso a casos que antes podían parecer relativamente clásicos (por ejemplo, cobros reiterados de cantidades en efectivo no declaradas).

Por otra parte, los medios de comunicación se hacen eco de esta realidad cada vez con más frecuencia.

Así pues, las acciones penales tienden a aumentar de forma bastante significativa en materia tributaria.

Sin embargo, hacerse cargo del expediente desde la primera carta recibida de Hacienda o, mejor aún, una regularización espontánea, jugarán a favor del contribuyente en lo que respecta a los posibles aspectos penales del asunto.

Expedientes a menudo espinosos

En materia de regularización de cuentas bancarias en el extranjero, o de inspección fiscal sobre este tema, «caminamos sobre cáscaras de huevo», ya que estos expedientes presentan varios aspectos complejos y con consecuencias que a veces pueden ser muy importantes; por ello, la intervención de un abogado fiscalista parece ampliamente preferible, e incluso imprescindible.

Están todas las multas que hemos mencionado, pero que, por lo general, solo son la punta del iceberg. Se aplican de forma automática y su importe no suele ser abrumador en relación con las cantidades mantenidas en el extranjero (salvo en el caso de las cuentas «pequeñas»).

Los aspectos más problemáticos suelen ser los siguientes:

• rentas ocultas durante el período de comprobación
• ISF (impuesto sobre el patrimonio)
• rendimientos financieros no declarados
• origen de los fondos

El período de comprobación y el concepto de rentas ocultas

En caso de cuentas en el extranjero no declaradas, la administración tributaria dispone en principio de 10 años para practicar regularizaciones.

Más concretamente, tiene hasta el 31 de diciembre del décimo año siguiente al comprobado para practicar regularizaciones.

Ejemplo: estamos en 2020. La administración tiene hasta el 31 de diciembre de 2020 para practicar regularizaciones sobre los años 2010 a 2019.

En cambio, el año 2009 y los años anteriores han prescrito: la administración tributaria ya no puede regularizarlos. En efecto, el año 2009 podía regularizarse hasta el 31 de diciembre de 2019 (31 de diciembre del décimo año siguiente al año 2009). Ahora bien, estamos en 2020, por lo que el año 2009 y los años anteriores ya no pueden ser objeto de regularizaciones.

En presencia de convenios fiscales internacionales (convenio fiscal firmado entre Francia y el Estado en el que se encuentra la cuenta bancaria), podían aplicarse plazos de comprobación más cortos hasta 2011; desde la Ley n.º 2011-1978, el plazo de 10 años se aplica con independencia del Estado en que se encuentre la cuenta (salvo si el total de los saldos no ha superado los 50.000 €).

ISF

El plazo de comprobación es, en principio, de 10 años.

Ejemplo: estamos en 2020. Pueden regularizarse los siguientes ISF:

ISF 2010, ISF 2011, ISF 2012, ISF 2013, ISF 2014, ISF 2015, ISF 2016, ISF 2017.

Los años 2018, 2019 y 2020 no se ven afectados en principio, ya que el IFI (impuesto sobre el patrimonio inmobiliario) sustituyó al ISF y solo afecta a los activos inmobiliarios. En cambio, si el contribuyente tuviera, por ejemplo, seguros de vida o inversiones financieras compuestas principalmente por bienes o derechos inmobiliarios, las regularizaciones afectarían también al IFI de 2018, 2019 e incluso 2020.

Por tanto, las multas no suelen ser más que la pequeña parte de las regularizaciones

En efecto, podrán añadirse otras regularizaciones, que constituirán en la mayoría de los casos el grueso del importe de las regularizaciones totales:

• regularizaciones relativas al ISF (años anteriores a 2018) o, en algunos casos específicos, al IFI (a partir de 2018)
• regularizaciones relativas a las rentas extranjeras no declaradas. Estas rentas son, a grandes rasgos, de dos tipos: rentas «pasivas» (intereses, dividendos…) y rentas activas (por tanto, ocultas: efectivo, por ejemplo).

Por supuesto, el conjunto de las regularizaciones practicadas se verá incrementado:

• con un recargo del 40 % en caso de incumplimiento deliberado (el caso más habitual) o del 80 % en caso de maniobras fraudulentas
• con intereses de demora al tipo del 2,40 % anual (0,20 % mensual desde 2018, frente al 4,80 % anual anterior), reducidos a la mitad, bajo determinadas condiciones, en caso de presentación espontánea de una declaración rectificativa

Breve repaso de los plazos de comprobación en función de cada impuesto o multa

Multa por cuenta no declarada: 4 años

ISF/IFI: 10 años

Impuesto sobre la renta: 10 años, con independencia del Estado en que se encuentre la cuenta. Además, este plazo se reducirá cuando los activos no hayan superado los 50.000 € en uno o varios años.

Primera carta tipo enviada por la administración tributaria

PARÍS, a 08/12/2020,

Asunto : cuentas mantenidas en el extranjero

Señora, señor:

En aplicación del artículo 4 A del Código General de Impuestos (CGI), las personas que tienen su domicilio fiscal en Francia están sujetas al impuesto por la totalidad de sus rentas, incluidas las de fuente extranjera.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1649 A y 1649 AA del CGI, las personas domiciliadas en Francia también están obligadas a declarar, junto con su declaración de la renta, las referencias de las cuentas abiertas, utilizadas o cerradas en el extranjero y de los contratos de seguro de vida suscritos, modificados o rescatados con entidades establecidas fuera de Francia.

Al no haberse declarado ninguna cuenta en el extranjero ni ningún contrato de seguro de vida en 2017, 2018 y 2019, le invito a ponerse en conformidad con la normativa tributaria.

Para ello, le ruego tenga a bien presentar las declaraciones y los documentos justificativos siguientes:

● para el impuesto sobre la renta:

– las declaraciones rectificativas del impuesto sobre la renta, firmadas y fechadas:

– las declaraciones n.^o 2047 de las rentas percibidas en el extranjero;

– las declaraciones n.^o 3916 de declaración de cuenta abierta en el extranjero (una por cuenta)

– una declaración en papel común de los contratos de seguro de vida suscritos en el extranjero.

● sobre el origen de los activos:

un escrito que exponga de manera precisa y detallada el origen de los activos mantenidos en el extranjero, acompañado de cualquier documento probatorio que justifique dicho origen o que constituya un conjunto de indicios que permita acreditarlo

– una declaración jurada según la cual los elementos que usted presenta son veraces y abarcan la totalidad de las cuentas y activos no declarados que mantiene en el extranjero o de los que es titular o beneficiario efectivo.

los estados patrimoniales o extractos de patrimonio a 1 de enero de cada uno de los años o a 31 de diciembre del año anterior,

● los estados anuales de rentas de 2017, 2018 y 2019 elaborados por los bancos extranjeros o las entidades financieras extranjeras que permitan justificar las rentas regularizadas (dividendos, intereses…)

los estados anuales de ganancias y pérdidas de 2017, 2018 y 2019 elaborados por los bancos extranjeros o las entidades financieras extranjeras que permitan justificar la existencia de ganancias (plusvalías o minusvalías).

Quedo a su disposición para cualquier información adicional y le saluda atentamente.

Si ha recibido esta carta, se recomienda encarecidamente responderla con rapidez y, sobre todo, hacerlo de manera precisa y exhaustiva.

Deberá obtener cierta información de su banco. Por otra parte, deberá presentarse un determinado número de declaraciones.

Se trata de un trabajo minucioso y, en la gran mayoría de los casos, muy técnico.

Parece recomendable recurrir a un profesional.

Las declaraciones rectificativas del impuesto sobre la renta

La metodología consiste en partir de las declaraciones que se habían presentado para completarlas de manera que se ajusten a la información obtenida de su banco extranjero.

En efecto, los estados anuales de rentas facilitados por el banco extranjero (véase más adelante) podrán indicar que se han percibido rentas. Estas rentas suelen ser de tres tipos: intereses, dividendos y plusvalías o minusvalías.

Estas rentas deberían haberse declarado en su declaración de la renta.

El impuesto que, en su caso, haya retenido en origen su banco constituirá por lo general un «crédito fiscal» (es decir, una cantidad que minora el impuesto adeudado en Francia).

La declaración de estas rentas extranjeras, así como de los créditos fiscales, implica unas modalidades declarativas muy específicas.

Las declaraciones del impuesto sobre la renta deben rehacerse: es lo que solicita la administración tributaria cuando menciona las «declaraciones rectificativas del impuesto sobre la renta».

El formulario lleva el n.º 2042 (la declaración clásica que usted ya conoce, la «azul»).

Las declaraciones n.^o 2047 de las rentas percibidas en el extranjero

La declaración 2047 constituye el soporte declarativo de las rentas extranjeras.

Además de declararse en el formulario n.º 2042, las rentas extranjeras deben ser objeto de una declaración en el formulario 2047. Se necesita una por año, salvo si en un año no hay rentas extranjeras, lo cual es bastante poco frecuente (por lo general, siempre se abonan al menos algunos intereses).

Las declaraciones n.^o 3916 de declaración de cuenta abierta en el extranjero

Se trata del soporte declarativo de las cuentas mantenidas en el extranjero.

En este formulario se indicarán, entre otros datos, su apellido, nombre, dirección y fecha de nacimiento, así como información relativa al banco (nombre del banco, su dirección, número de cuenta…). Deberán indicarse la fecha de apertura de la cuenta y, en su caso, la fecha de cierre.

No se solicita el saldo de la cuenta.

En principio, debe presentarse una declaración por cuenta.

La cuestión se plantea en presencia de subcuentas, ya que la presentación de formularios 3916 para cada cuenta o subcuenta podría dar lugar a la aplicación de una multa por declaración (en principio, el importe de cada multa asciende a 1.500 €).

¿Hay que presentar entonces tantos formularios 3916 como cuentas y subcuentas?

La tentación de presentar un único formulario 3916 para el conjunto de las cuentas de un mismo banco es grande, a fin de llevar a la administración a aplicar una sola multa.

Sin embargo, la pregunta es: ¿qué es una subcuenta?

En mi opinión, en principio no habrá obstáculo para considerar subcuenta una cuenta que cumpla todas las condiciones siguientes:

• identidad de la raíz del número con la cuenta principal
• misma fecha de apertura que la cuenta principal

En los demás casos, habrá que analizar cada situación específica y el contexto global del expediente; consulte a su abogado fiscalista.

Los formularios 3916 deben presentarse para cada año.

Ejemplo: usted tiene una cuenta corriente principal en el banco Z y una cuenta de ahorro en ese mismo banco. Si la situación lleva a considerar que la cuenta de ahorro no puede considerarse subcuenta de la cuenta corriente, habrá que presentar dos declaraciones 3916 por año. Dado que el plazo de prescripción es, en principio, de 4 años, la administración tributaria aplicará 4 años de multas sobre dos cuentas, es decir, 12.000 € de multas en total (4*3.000 €).

Atención: desde la Ley n.º 2018-898, de 23 de octubre de 2018 (aplicable a partir de 2019), la obligación abarca las cuentas abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en el extranjero; el argumento basado en una cuenta no utilizada solo puede invocarse ya para los años anteriores. Se considera no utilizada una cuenta que no ha registrado ninguna operación de cargo o de abono, salvo las rentas pasivas (intereses…). En concreto, si usted mismo no ha realizado ningún abono ni ningún cargo en esa cuenta, no se le impondrá multa por la cuenta en el año en cuestión (puede haber abonos de intereses, que no tienen incidencia: la multa no se aplicará).

La declaración en papel común de los contratos de seguro de vida suscritos en el extranjero

Si usted tiene seguros de vida localizados en el extranjero, deben ser objeto de una declaración en papel común o en el formulario 3916.

En la práctica, parece recomendable utilizar formularios 3916.

El escrito sobre el origen de los activos

Aquí es donde se situará, por lo general, el punto más importante del expediente.

A grandes rasgos, el origen de los activos determinará:

• si debe usted ser considerado «defraudador activo» o «defraudador pasivo» y, por tanto, el nivel de los recargos
• el grado de interés de la administración por su expediente: una persona que disponga de cantidades procedentes de una herencia lejana estará por lo general «menos en el punto de mira» de la administración que una persona que haya percibido durante años rentas ocultas procedentes de una actividad no declarada…
• la aplicación de la «doble pena» (regularizaciones fiscales y sanciones penales). Si las cantidades proceden de una herencia lejana, el riesgo de que el expediente adquiera una dimensión penal parecerá bajo, mientras que en caso de actividades ocultas prolongadas y con cantidades importantes, el riesgo penal será en principio elevado
• el importe de las regularizaciones fiscales, en caso de rentas ocultas percibidas durante el período de comprobación (en principio 10 años, salvo si el total de los saldos de las cuentas no ha superado los 50.000 €)

Su escrito debe ser veraz.

Se desaconseja encarecidamente mentir.

Por mi parte, cuando acepto hacerme cargo del expediente de un cliente, cualquier mentira quedará terminantemente prohibida (nunca presentaré por cuenta de uno de mis clientes un expediente que no sea veraz).

Si ese es su propósito (no ser veraz), no tiene sentido ponerse en contacto con mi despacho de abogado fiscalista.

Por supuesto, no se trata de presentar los elementos de manera que se complique aún más la situación.

La verdad debe formularse con sinceridad, pero también con tacto.

Este escrito desempeña un papel preponderante en su expediente. Se trata probablemente del documento más importante de su expediente. Su redacción debe meditarse detenidamente.

Por supuesto, su declaración sobre el origen de los activos deberá ir acompañada de justificantes que respalden su versión. Y, por supuesto también, la administración estará facultada para exigirle posteriormente otros justificantes si considera que los aportados son insuficientes.

La administración tiene la posibilidad de solicitar a los titulares de cuentas abiertas en el extranjero y no declaradas, al menos una vez en el transcurso de los diez años anteriores, que justifiquen el origen de los activos que figuran o han figurado en dichas cuentas.

La falta de justificación conlleva la tributación al 60 % de dichos activos, que se presume que constituyen un patrimonio adquirido a título gratuito (art. 755 del CGI).

Según el artículo 755 del CGI, los activos que figuren en una cuenta en el extranjero y cuyo origen y modalidades de adquisición no se hayan justificado en el marco del procedimiento previsto en el artículo L 23 C del LPF se presumen, salvo prueba en contrario, constitutivos de un patrimonio adquirido a título gratuito, sujeto, al vencimiento de los plazos previstos en ese mismo artículo L 23 C, a los derechos de transmisión a título gratuito al tipo del 60 %.

Los derechos se calculan sobre el valor más elevado, conocido por la administración tributaria, de los activos que figuren en dicha cuenta durante los diez años anteriores al envío de la solicitud prevista en el artículo L 23 C.

El artículo L 23 C del LPF establece que, cuando el contribuyente no haya declarado su cuenta en el extranjero al menos una vez en relación con los diez años anteriores, la administración puede solicitarle la justificación del origen y de las modalidades de adquisición de los activos.

En caso de falta de justificación o de justificación insuficiente (por justificación debe entenderse documentos, y no simples explicaciones), se aplica al contribuyente una presunción de transmisión a título gratuito en el año en el que no haya podido aportar la prueba solicitada, con un tipo impositivo del 60 %.

Las consecuencias fiscales son, por tanto, abrumadoras.

Por ello, se aconseja constituir un expediente lo más completo posible que permita justificar el origen de los fondos, cuya elaboración se confiará idealmente a un abogado fiscalista.

En caso de sucesión: certificado de defunción, escrituras otorgadas por los profesionales extranjeros, posible testamento, certificados bancarios, extractos bancarios que muestren el origen de los flujos financieros…

En caso de donación: posibles escrituras extranjeras, certificados bancarios, documentos privados, extractos bancarios que muestren el origen de los flujos financieros…

Actividad en el extranjero: todos los documentos relacionados con dicha actividad. Asalariados: nóminas, declaraciones fiscales extranjeras… Autónomos: certificado de inscripción en los servicios locales, declaraciones de impuestos extranjeras…

Transmisión de bienes muebles (acciones…) o inmuebles extranjeros: declaraciones presentadas en el extranjero, escrituras extranjeras…

La declaración jurada

Se trata del documento en el que usted afirmará que la cuenta o cuentas que está declarando en respuesta a la carta de Hacienda constituyen la totalidad de las cuentas en el extranjero de las que dispone (que no sigue «ocultando» otras cuentas en el extranjero).

Los estados patrimoniales o extractos de patrimonio y los estados anuales de rentas, así como los estados anuales de ganancias y pérdidas

Estos documentos deben solicitarse a su banco extranjero.

Además, recomiendo solicitar a su banco el certificado de apertura (y de cierre, en su caso) de cada una de sus cuentas (que son importantes porque en ellos figurarán las fechas de apertura y de cierre, lo que le permitirá cumplimentar las declaraciones 3916).

Debe solicitar a su banco un documento de síntesis para cada año mencionado en la carta 751-SD. Este documento de síntesis deberá indicar, para cada cuenta:

• el saldo a 31 de diciembre
• el importe de las rentas anuales, por tipo de renta (intereses, dividendos, plusvalías o minusvalías…)

Estos documentos le permitirán presentar sus declaraciones de la renta (declaraciones 2047 y 2042), así como las posibles declaraciones de ISF/IFI necesarias.

Bercy

Cuando los activos mantenidos en la cuenta extranjera superan un determinado importe, el expediente será gestionado, en principio, por Bercy (el Ministerio de Economía y Finanzas).

En la carta que ha recibido (en la parte superior izquierda) se indica el servicio que la ha enviado.

En la mayoría de los casos, será su oficina tributaria local la que haya enviado la carta.

Sin embargo, aunque en la carta figure su oficina local, si los activos superan en principio los 600.000 €, es muy posible que sea Bercy quien gestione su expediente entre bastidores.

El inspector (o técnico) que firma la carta, miembro de su oficina tributaria local, está en realidad «teledirigido» por Bercy. Remitirá a Bercy las cartas que usted le envíe.

Recibirá de Bercy instrucciones precisas para la gestión de su expediente.

Se trata de un punto importante, ya que el personal destinado en Bercy suele tener un nivel técnico mucho más especializado que el personal local.

Por tanto, un expediente gestionado por Bercy será por lo general más difícil de defender que uno gestionado por la oficina tributaria local.

Las buenas y las malas prácticas

Buenas prácticas:

– responder a todas las cartas

– presentar expedientes de respuesta exhaustivos

– bien presentados en cuanto a la forma

– claros en cuanto al fondo

– mantener el contacto telefónico con la persona encargada de su expediente (llamarla de vez en cuando para saber más sobre la evolución del expediente…)

– presentar las declaraciones solicitadas con minuciosidad y rigor técnico

– facilitar toda la información solicitada

Malas prácticas:

• No responder

• Presentar expedientes de respuesta incompletos

• Facilitar información errónea

• Presentar declaraciones imprecisas o incompletas

¿Por qué seguir estas buenas prácticas? ¿Qué riesgos conllevan las malas prácticas?

Desde un punto de vista jurídico, usted posee activos en el extranjero que no han sido declarados, en contravención del derecho aplicable.

Por otra parte, el Gobierno había concedido a los contribuyentes con cuentas no declaradas en el extranjero la posibilidad, durante casi cinco años, de regularizar espontáneamente su situación en condiciones más ventajosas.

Por tanto, la administración tributaria no tiene muy buena imagen de las personas que siguen teniendo cuentas no declaradas en el extranjero (no solo contravienen la ley, sino que además no aprovecharon la oportunidad que se les brindó durante mucho tiempo de regularizar espontáneamente sus cuentas).

Sin embargo, la recepción de una carta 751-SD (en la esquina superior derecha de la carta) indica que la inspección fiscal aún no ha comenzado.

La administración le tiende la mano por última vez para que aclare su situación de manera «amistosa».

En concreto, desde un punto de vista jurídico, el 751-SD supone:

• la inexistencia de un procedimiento de inspección fiscal en sentido jurídico
• por tanto, la inexistencia de obligación de responder por su parte

No obstante, en caso de falta de respuesta o de respuesta muy incompleta, la administración podría iniciar una «verdadera» inspección fiscal en sentido jurídico, mucho más gravosa y coercitiva que el simple intercambio de cartas (podrá haber citaciones en las oficinas de la administración, obtención de información de sus bancos u otras entidades con las que usted mantenga relación…).

Además, el clima no será el mismo.

En un caso, usted respondió espontáneamente a la carta de la administración al primer requerimiento; en el otro, hizo oídos sordos y el procedimiento amistoso se transformó en una inspección fiscal.

Desde un punto de vista más jurídico, en caso de no responder a las cartas 751-SD (suele haber al menos dos, la primera carta más un recordatorio), por lo general se iniciará una inspección fiscal . En caso de falta de respuesta o de falta de colaboración en el marco de la inspección fiscal, la administración estará en principio facultada para practicar las regularizaciones «de oficio». En ese caso, el importe de las regularizaciones se fijará en la práctica «a ojo», y por supuesto de manera muy desfavorable para usted, correspondiéndole a usted demostrar que Hacienda se equivoca.

Por otra parte, habrá perdido un buen número de recursos posibles, que desaparecen en su gran mayoría en caso de liquidación de oficio. Su defensa se habrá vuelto mucho más complicada.

Conclusión

Este procedimiento no debe tomarse a la ligera.

A menudo se tratará de un procedimiento largo y tedioso.

Las consecuencias fiscales (e incluso penales) podrán ser a veces significativas; de ahí la necesidad de contar con la asistencia de un abogado fiscalista experimentado en este ámbito.

La falta de respuesta a las cartas de la administración o las respuestas incompletas podrán desembocar en una inspección fiscal, o incluso en una liquidación de oficio de la que le resultará aún más complicado salir.

Nuestro despacho de abogado fiscalista puede asistirle.