Cuentas en Portugal no declaradas en Francia: ¿cómo regularizarlas?

¿Ha recibido una carta de la Administración tributaria francesa relativa a cuentas bancarias situadas en Portugal?

Si usted es titular en Portugal de una o varias cuentas no declaradas en Francia, esta guía, redactada por Maître Marc Uzan, abogado fiscalista, podrá ofrecerle una visión exhaustiva de lo que está en juego fiscalmente en Francia.

He tramitado numerosos expedientes relativos a bienes mantenidos en Portugal y no declarados en Francia (por lo general, cuentas bancarias e inmuebles). En efecto, las cartas de la Administración tributaria relativas a bienes en Portugal se han multiplicado en los últimos años, en particular debido a la transmisión de información por parte de los bancos portugueses a la Administración tributaria francesa.

Cuentas en Portugal: la obligación de declarar y las multas

Lo primero que hay que entender es que la titularidad de cuentas bancarias en Portugal no está prohibida.

El Código General de Impuestos francés (Code général des impôts, CGI) establece simplemente que, en caso de ser titular de cuentas bancarias en un banco extranjero, el contribuyente tiene, en principio, la obligación de declararlas cada año. La declaración se efectúa, en principio, mediante el formulario 3916.

En caso de no declararlas, el contribuyente se expone a una multa fijada, en general, en 1 500 € por año y por cuenta no declarada.

Ejemplo: un contribuyente es titular de una cuenta en dos bancos portugueses. Nunca ha declarado estas cuentas, que se abrieron ambas en los años 90.

Se expone, por tanto, a 2 x 1 500 € de multa por año, en principio durante 4 años. La multa total ascendería, pues, a 3 000 x 4 = 12 000 €.

Sin embargo, con mucha frecuencia, la persona posee en su banco portugués diversos tipos de cuentas (una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta de valores…). La aplicación estricta de los textos debería, en principio, llevar a imponer una multa por cada cuenta no declarada (una multa por la cuenta corriente, otra por la cuenta de ahorro, etc.).

No obstante, en ocasiones es posible negociar con la Administración sobre este punto y que solo se aplique una única multa por el conjunto de las cuentas mantenidas en un mismo banco.

Esto será tanto más factible cuanto más compartan los números de cuenta la misma raíz. Por ejemplo, una cuenta corriente n.º 200300400 y una cuenta de ahorro n.º 200300400-2. Se aprecia de inmediato que la cuenta de ahorro podría ser en realidad una subcuenta de la cuenta corriente. Por lo tanto, ambas cuentas deberían tratarse como una sola y misma cuenta y generar una única multa.

En la práctica, es poco habitual que los números estén construidos exactamente de la misma manera, pero la identificación de una raíz común, o al menos del inicio de una raíz común, contribuirá a demostrar la similitud de las cuentas y jugará a favor de una sola y misma multa para el conjunto de las cuentas mantenidas en un mismo banco.

El contexto desempeñará también un papel importante.

En caso de regularización espontánea por parte del contribuyente o de regularización tras la primera carta no contenciosa (751-SD, lo que significa que aún no se trata de un procedimiento de inspección fiscal, sino de una simple invitación «amistosa» a regularizar), la Administración estará, en principio, más dispuesta a acoger este tipo de argumento.

En cambio, en presencia de una inspección fiscal o, sobre todo, al final de una inspección fiscal que haya ido mal (contribuyente que no ha respondido a todas las cartas, que no siempre ha acudido a las reuniones, que no ha aportado ningún justificante o muy pocos, que ha presentado explicaciones que han parecido fantasiosas…), la negociación podría ser más incierta.

Aspecto penal de la titularidad de cuentas extranjeras

En algunos casos, las regularizaciones fiscales podrán ir acompañadas de sanciones penales.

Desde la flexibilización del «verrou de Bercy» (ley de 23 de octubre de 2018), la Administración tributaria está, en principio, obligada a denunciar el expediente ante la fiscalía (procureur de la République) cuando las cuotas regularizadas superan los 100 000 € y van acompañadas de determinados recargos (100 % u 80 %, o 40 % en caso de reiteración).

Si el importe de las regularizaciones no supera los 100 000 €, la Administración tributaria conserva el derecho, si así lo desea, de remitir el expediente al fiscal, pero no está obligada a ello.

Últimamente se ha podido constatar un aumento de las remisiones de expedientes al fiscal por parte de la Administración tributaria.

Superponer una capa penal a la capa fiscal que constituyen las regularizaciones está «de moda».

Mientras que antes las sanciones penales rara vez se aplicaban a los expedientes fiscales (solo afectaban a los casos más extremos de fraude fiscal), hoy en día se aplican sanciones penales cada vez con más frecuencia, incluso a casos que antes podían parecer relativamente corrientes (por ejemplo, cobros reiterados de cantidades en efectivo no declaradas).

Por otra parte, los medios de comunicación se hacen eco cada vez con más frecuencia de esta realidad.

Así pues, las acciones penales tienden a aumentar de forma bastante significativa en materia tributaria.

No obstante, hacerse cargo del expediente desde la primera carta recibida de la Administración tributaria o, mejor aún, una regularización espontánea, pueden jugar a favor del contribuyente en lo que respecta a los posibles aspectos penales del asunto.

Expedientes a menudo espinosos

En materia de regularización de cuentas bancarias en Portugal, o de comprobación fiscal sobre este tema, se camina «sobre cáscaras de huevo»: estos expedientes presentan varios aspectos complejos, con consecuencias a veces muy importantes. Por ello, la intervención de un abogado fiscalista parece ampliamente preferible.

Están todas las multas mencionadas más arriba, que en general no son más que la punta del iceberg. Se aplican de forma automática y su importe no suele ser abrumador en relación con las cantidades mantenidas en el extranjero (salvo en el caso de las cuentas «pequeñas»).

Los aspectos más problemáticos suelen ser los siguientes:

• rentas ocultas durante el período de comprobación
• ISF e IFI
• rendimientos financieros no declarados
• origen de los fondos

El período de comprobación y el concepto de rentas ocultas

En presencia de cuentas en Portugal no declaradas, la Administración tributaria dispone, en principio, de 10 años para practicar regularizaciones.

Más concretamente, dispone, por regla general, de plazo hasta el 31 de diciembre del décimo año siguiente al ejercicio comprobado para practicar regularizaciones.

Ejemplo: en 2026, la Administración puede, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026, practicar regularizaciones respecto de los años 2016 a 2025.

En cambio, el año 2015 y los años anteriores han prescrito: en principio, la Administración tributaria ya no puede regularizarlos. En efecto, el año 2015 podía regularizarse hasta el 31 de diciembre de 2025 (31 de diciembre del décimo año siguiente a 2015). Por su parte, el año 2016 prescribirá, en principio, a partir del 1 de enero de 2027.

ISF/IFI

El plazo de comprobación es, en principio, de 10 años.

Ejemplo: en 2026, pueden regularizarse, en principio, los siguientes ISF/IFI:

ISF 2016, ISF 2017, IFI 2018, IFI 2019, IFI 2020, IFI 2021, IFI 2022, IFI 2023, IFI 2024, IFI 2025, IFI 2026.

Por tanto, las multas no suelen ser más que la parte pequeña de las regularizaciones

En efecto, podrán sumarse otras regularizaciones, que constituirán en la mayoría de los casos el grueso del importe total de las regularizaciones:

• regularizaciones relacionadas con el ISF/IFI
• regularizaciones relacionadas con las rentas extranjeras no declaradas. Estas rentas son, a grandes rasgos, de dos tipos: rentas «pasivas» (intereses, dividendos…) y rentas activas (por tanto, ocultas: efectivo, por ejemplo).

Por supuesto, el conjunto de las regularizaciones aplicadas se incrementará con:

• en principio, un recargo del 80%, si bien la presentación de un expediente de regularización bien construido puede permitir, según los casos, discutir su nivel con la Administración
• intereses de demora al tipo del 2,40% anual (0,20 % mensual desde 2018; 4,80% anual anteriormente), que pueden reducirse a la mitad (1,20% anual), bajo determinadas condiciones, en caso de presentación espontánea de una declaración rectificativa, es decir, la mitad

El expediente de regularización: plazos, carta 751-SD y documentos que aportar

Breve repaso de los plazos de comprobación en función de cada impuesto o multa

Multa por cuenta no declarada: en principio, 5 o 4 años

ISF/IFI: en principio, 10 años

Impuesto sobre la renta: por regla general, 10 años. En principio, este plazo se reduce al plazo ordinario (3 años) para los años en que el total de los saldos acreedores de las cuentas en el extranjero no superó los 50 000 € en ningún momento.

Primera carta tipo enviada por la Administración tributaria: el 751-SD (el número figura en la parte superior derecha de la carta)

Asunto: regularización de la situación fiscal en relación con los activos mantenidos en el extranjero

Señora, señor:

En el marco de los intercambios automáticos internacionales, la Administración tributaria recibe información precisa relativa a las cuentas financieras mantenidas en entidades financieras extranjeras por residentes franceses.

Así, la Administración tributaria tiene conocimiento, en el marco de los intercambios automáticos de información, de la existencia de cuentas financieras abiertas a nombre de XXXXX y mantenidas en Portugal.

Los artículos 1649 A y 1649 AA del Código General de Impuestos precisan que los contribuyentes que hayan abierto, suscrito, cerrado, mantenido o utilizado cuentas bancarias o contratos de seguro de vida en el extranjero deben declarar, junto con su declaración de la renta, las referencias de dichas cuentas.

Según lo dispuesto en el artículo L. 169 del Libro de Procedimientos Fiscales (Livre des procédures fiscales, LPF), el derecho de comprobación de la Administración se ejerce hasta el final del décimo año siguiente a aquel por el que se adeuda el impuesto, cuando el contribuyente no haya declarado ante la Administración tributaria cuentas mantenidas en el extranjero, contrariamente a lo previsto en el artículo 1649 A del Código General de Impuestos.

En consecuencia, le ruego que me remita, respecto de las cuentas abiertas en el extranjero:

N^O de cuenta: XXXXXX

Los documentos siguientes:

• Los documentos justificativos sobre el origen de los activos:
• un escrito en el que se exponga de manera precisa y detallada el origen de los activos mantenidos en el extranjero, acompañado de cualquier documento probatorio que justifique dicho origen (p. ej.: certificado del banco extranjero que acredite la procedencia de los fondos transferidos al abono de la cuenta en el momento de su apertura) o que constituya un conjunto de indicios que permita establecerlo;
• Para los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta, el expediente debe incluir:
• las declaraciones rectificativas del impuesto sobre la renta firmadas y fechadas:
• las declaraciones n^o 2047 de las rentas percibidas en el extranjero:
• las declaraciones n^o 3916 de declaración de cuenta abierta en el extranjero (una por cuenta);
• Para los contribuyentes sujetos al impuesto de solidaridad sobre el patrimonio (ISF):
• las declaraciones rectificativas del ISF/IFI firmadas y fechadas (o las declaraciones iniciales si usted pasa a estar sujeto al ISF o al IFI a raíz de la regularización de estas cuentas en el extranjero);
• Todos los justificantes relativos a los importes de los activos en el extranjero y a las rentas de dichos activos durante el período al que se refiere la presentación de las declaraciones rectificativas:
• un certificado de titularidad o contrato de apertura de cuenta;
• en caso de cierre de la cuenta durante el período, cualquier justificante que permita rastrear el flujo financiero de cierre;
• los estados patrimoniales o extractos de patrimonio a 1 de enero de cada uno de los 10 años afectados o a 31 de diciembre del año anterior;
• los estados anuales de rentas emitidos por el banco extranjero o la entidad financiera extranjera que permitan justificar las rentas regularizadas (dividendos, intereses...);
• los estados anuales de ganancias y pérdidas emitidos por el banco extranjero o la entidad financiera extranjera que permitan justificar la existencia de ganancias (plusvalías o minusvalías); los extractos de cuentas bancarias de los años 2011 a 2021.

Quedo a su disposición para cualquier información complementaria y le ruego que acepte, señora, señor, la expresión de mi más distinguida consideración.

Si ha recibido esta carta, es recomendable consultar rápidamente a un abogado para analizar su situación: en general, es preferible una respuesta rápida, precisa y exhaustiva.

En principio, habrá que obtener cierta información del banco y presentar un determinado número de declaraciones.

Se trata de un trabajo minucioso y, en la gran mayoría de los casos, muy técnico.

Se recomienda recurrir a un abogado fiscalista.

Las declaraciones rectificativas del impuesto sobre la renta

La metodología consiste en partir de las declaraciones que se habían presentado para completarlas, de modo que se ajusten a la información obtenida de su banco extranjero.

En efecto, los estados anuales de rentas facilitados por el banco extranjero (véase más adelante) podrán indicar que se han percibido rentas. Estas rentas suelen ser de tres tipos: intereses, dividendos, plusvalías o minusvalías.

Estas rentas deberían, en principio, haber figurado en su declaración de la renta.

El impuesto que en su caso haya retenido en origen su banco puede, según los casos, dar derecho a un «crédito fiscal» en Francia (es decir, una cantidad que reduce el impuesto adeudado en Francia), dentro de los límites previstos por el convenio fiscal franco-portugués; solo un análisis de la situación por un abogado permite saber si este crédito se aplica y en qué medida.

La declaración de estas rentas extranjeras, así como de los créditos fiscales, implica unas modalidades declarativas muy específicas.

Las declaraciones del impuesto sobre la renta deben entonces, en principio, rehacerse: es lo que solicita la Administración tributaria cuando menciona las «declaraciones rectificativas del impuesto sobre la renta».

El formulario lleva el n.º 2042 (la declaración clásica que usted ya conoce, la «azul»).

Las declaraciones n^o 2047 de las rentas percibidas en el extranjero

La declaración 2047 es el soporte declarativo de las rentas extranjeras.

Además de declararse en el formulario n.º 2042, las rentas extranjeras se declaran, en principio, en un formulario n.º 2047, uno por año, salvo cuando no haya rentas extranjeras en un año determinado, lo que es bastante raro (por lo general, siempre se abona al menos algún interés).

Las declaraciones n^o 3916 de declaración de cuenta abierta en el extranjero

Se trata del soporte declarativo de las cuentas mantenidas en el extranjero.

Este formulario recoge, en particular, sus apellidos, nombre, dirección y fecha de nacimiento, así como información relativa al banco (nombre del banco, dirección, número de cuenta…), la fecha de apertura de la cuenta y, en su caso, su fecha de cierre.

No se solicita el saldo de la cuenta.

En principio, se presenta una declaración por cuenta.

La cuestión se plantea en presencia de subcuentas, ya que la presentación de formularios 3916 por cada cuenta o subcuenta podría conllevar la aplicación de una multa por declaración (en principio, el importe de cada multa asciende a 1 500 €).

¿Hay que presentar entonces tantos formularios 3916 como cuentas y subcuentas?

La tentación de presentar un único formulario 3916 para el conjunto de las cuentas de un mismo banco, con el fin de llevar a la Administración a aplicar una sola multa, es fuerte.

Sin embargo, la cuestión es: ¿qué es una subcuenta?

A mi juicio, en principio no habrá obstáculo para considerar como subcuenta una cuenta que cumpla todas las condiciones siguientes:

• identidad de raíz del número con la cuenta principal
• misma fecha de apertura que la cuenta principal

En los demás casos, la respuesta depende de cada situación específica y del contexto global del expediente: es recomendable consultar a su abogado fiscalista.

Los formularios 3916 se presentan, en principio, para cada año.

Ejemplo: usted tiene una cuenta corriente principal en el banco Z y una cuenta de ahorro en ese mismo banco. Si la cuenta de ahorro no puede considerarse una subcuenta de la cuenta corriente, deberán presentarse, en principio, dos declaraciones 3916 cada año. Como el plazo de prescripción de la multa es, en principio, de 4 años, la Administración tributaria podría aplicar 4 años de multas sobre dos cuentas, es decir, un total de 12 000 € de multas (4 × 3 000 €).

Cabe señalar que, desde la Ley n.º 2018-898, de 23 de octubre de 2018 (aplicable a partir de 2019), la obligación se refiere a las cuentas abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en el extranjero; por tanto, una cuenta mantenida pero no utilizada debe, en principio, declararse. Anteriormente, una cuenta en la que no se había registrado ninguna operación de cargo o de abono (salvo rendimientos pasivos, como los intereses) podía, en principio, librarse de la multa; habida cuenta del plazo de prescripción de la multa, este argumento ya apenas tiene interés práctico hoy en día.

La declaración de los contratos de seguro de vida suscritos en el extranjero

Los contratos de seguro de vida suscritos en el extranjero también deben, en principio, declararse (hoy en el formulario n.º 3916-3916-bis, como las cuentas).

El escrito sobre el origen de los activos

Aquí es donde, en general, se situará el punto más importante del expediente.

A grandes rasgos, el origen de los activos determinará:

• si usted debe ser considerado «defraudador activo» o «defraudador pasivo» y, por tanto, el nivel de los recargos
• el grado de interés de la Administración por su expediente: una persona que disponga de cantidades procedentes de una herencia lejana estará, en general, «menos en el punto de mira» de la Administración que una persona que haya cobrado durante años rentas ocultas procedentes de una actividad no declarada…
• la aplicación de la «doble pena» (regularizaciones fiscales y sanciones penales). Si las cantidades proceden de una herencia lejana, el riesgo de que el expediente adquiera una dimensión penal parecerá bajo, mientras que en caso de actividades ocultas prolongadas y con cantidades importantes, el riesgo penal será, en principio, elevado
• el importe de las regularizaciones fiscales, en caso de rentas ocultas cobradas durante el período de comprobación (en principio, 10 años)

La sinceridad de este escrito es primordial.

Se desaconseja muy firmemente mentir (por mi parte, cuando me hago cargo del expediente de un cliente, cualquier mentira queda totalmente excluida).

Por supuesto, no se trata de presentar los elementos de manera que se complique aún más la situación.

La verdad conviene formularla con sinceridad, pero también con tacto.

Este escrito desempeña un papel preponderante: probablemente es el documento más importante del expediente, y su redacción merece una larga reflexión.

Por supuesto, la declaración sobre el origen de los haberes va, en principio, acompañada de justificantes que respalden su versión. Y, por supuesto, la Administración tiene derecho a solicitar posteriormente otros justificantes si considera insuficientes los aportados.

La Administración puede solicitar a los titulares de cuentas abiertas en el extranjero y no declaradas, al menos una vez durante los diez años anteriores, que justifiquen el origen de los activos que figuran o han figurado en dichas cuentas.

La falta de justificación puede, en principio, dar lugar a la tributación al 60 % de estos haberes, que se consideran patrimonio adquirido a título gratuito (CGI art. 755).

Según el artículo 755 del CGI, los activos que figuren en una cuenta en el extranjero y cuyo origen y modalidades de adquisición no se hayan justificado en el marco del procedimiento previsto en el artículo L 23 C del LPF se presumen, salvo prueba en contrario, un patrimonio adquirido a título gratuito, sujeto, al término de los plazos previstos en el mismo artículo L 23 C, a los derechos de transmisión a título gratuito al tipo del 60 %.

Los derechos se calculan, en principio, sobre el valor más elevado, conocido por la Administración tributaria, de los activos que figuren en dicha cuenta durante los diez años anteriores al envío de la solicitud prevista en el artículo L 23 C.

El artículo L 23 C del LPF establece que, cuando el contribuyente no haya declarado su cuenta extranjera al menos una vez en relación con los diez años anteriores, la Administración puede solicitarle la justificación del origen y de las modalidades de adquisición de los activos.

En caso de ausencia de justificaciones, o de justificaciones insuficientes (por justificaciones se entienden documentos, y no simples explicaciones), se aplica, en principio, al contribuyente una presunción de transmisión a título gratuito en el año en que no pudo aportar la prueba solicitada, con un tipo impositivo del 60 %.

Las consecuencias fiscales pueden, por tanto, ser demoledoras.

Por ello, puede ser útil reunir un expediente lo más completo posible que permita justificar el origen de los fondos, cuya presentación se confiará idealmente a un abogado fiscalista.

En caso de sucesión: certificado de defunción, escrituras otorgadas por los profesionales extranjeros, eventual testamento, certificados bancarios, extractos bancarios que muestren el origen de los flujos financieros…

En caso de donación: eventuales escrituras extranjeras, certificados bancarios, documentos privados, extractos bancarios que muestren el origen de los flujos financieros…

Actividad en el extranjero: todos los documentos relacionados con dicha actividad. Asalariados: nóminas, declaraciones fiscales extranjeras… Autónomos: certificado de inscripción ante los servicios locales, declaraciones de impuestos extranjeras…

Transmisión de bienes muebles (acciones…) o inmuebles extranjeros: declaraciones presentadas en el extranjero, escrituras extranjeras…

La declaración jurada

Se trata del documento en el que usted afirmará que la cuenta o las cuentas que está declarando en respuesta a la carta del fisco constituyen el conjunto de las cuentas en el extranjero de las que dispone (es decir, que no sigue «ocultando» otras cuentas en el extranjero).

Los estados patrimoniales o extractos de patrimonio y los estados anuales de rentas, así como los estados anuales de ganancias y pérdidas

Estos documentos pueden, en principio, solicitarse al banco extranjero.

Además, puede ser útil solicitar al banco el certificado de apertura (y, en su caso, de cierre) de cada una de las cuentas: estos certificados indican las fechas de apertura y de cierre, útiles para cumplimentar las declaraciones 3916.

En la práctica, suele ser útil solicitar a su banco un documento de síntesis para cada año mencionado en la carta 751-SD. Este documento de síntesis indica, en principio, para cada cuenta:

• el saldo a 31 de diciembre
• el importe de las rentas anuales, por tipo de renta (intereses, dividendos, plusvalías o minusvalías…)

Estos documentos permitirán presentar sus declaraciones de la renta (declaraciones 2047 y 2042), así como las eventuales declaraciones de ISF/IFI necesarias.

Bercy

Cuando los activos mantenidos en la cuenta extranjera superan un determinado importe, el expediente será gestionado, en principio, por Bercy.

En la carta que ha recibido (en la parte superior izquierda) se indica el servicio que la ha enviado.

En la mayoría de los casos, será su oficina tributaria local la que haya enviado la carta.

Sin embargo, aunque en la carta figure su oficina local, si los activos superan, en principio, los 600 000 €, es muy posible que sea Bercy quien gestione su expediente entre bastidores.

El inspector (o controlador) que firma la carta, miembro de su oficina tributaria local, está en realidad «teledirigido» por Bercy. Remitirá a Bercy las cartas que usted le envíe.

Recibirá de Bercy instrucciones precisas para la gestión de su expediente.

Se trata de un punto importante, ya que el personal destinado en Bercy suele estar técnicamente mucho más especializado que el personal local.

Por tanto, un expediente gestionado por Bercy será, en general, más difícil de defender que un expediente gestionado por la oficina tributaria local.

Las buenas y las malas prácticas

Prácticas que, por lo general, facilitan la tramitación del expediente:

• una respuesta a cada carta;
• expedientes de respuesta completos, bien presentados en cuanto a la forma y claros en cuanto al fondo;
• un contacto telefónico mantenido con la persona encargada del expediente (una llamada de vez en cuando permite saber más sobre la evolución del expediente…);
• declaraciones elaboradas con minuciosidad y rigor técnico;
• la comunicación de toda la información solicitada.

Prácticas que, por lo general, complican el expediente:

• La falta de respuesta

• Expedientes de respuesta incompletos

• Información errónea

• Declaraciones imprecisas o incompletas

¿Por qué importan estas prácticas? ¿Qué riesgos conllevan las malas prácticas?

Desde un punto de vista jurídico, usted posee activos en Portugal que no han sido declarados, en principio, en contravención del Derecho aplicable.

Por otra parte, el Gobierno había concedido a los contribuyentes con cuentas no declaradas en el extranjero la posibilidad, durante cerca de cinco años, de regularizar espontáneamente su situación en condiciones más ventajosas.

Por ello, la Administración tributaria no tiene, en general, muy buena imagen de las personas que siguen teniendo cuentas no declaradas en el extranjero (no solo contravienen la ley, sino que además no aprovecharon la oportunidad que se les brindó durante mucho tiempo de regularizar espontáneamente sus cuentas).

Sin embargo, la recepción de una carta 751-SD (en la esquina superior derecha de la carta) muestra que la inspección fiscal aún no ha comenzado.

La Administración le tiende la mano por última vez para que aclare su situación de manera «amistosa».

Sin embargo, en caso de falta de respuesta o de respuesta muy incompleta, la Administración puede iniciar, y a menudo inicia, una «verdadera» comprobación fiscal en sentido jurídico, mucho más pesada y coercitiva que el simple intercambio de cartas (citaciones en las oficinas de la Administración, obtención de información de los bancos u otros organismos…). Además, el clima no es el mismo: en un caso, el contribuyente respondió espontáneamente a la carta de la Administración al primer requerimiento; en el otro, hizo oídos sordos y el procedimiento amistoso se convirtió en una comprobación fiscal.

La defensa puede entonces volverse mucho más complicada.

Lo que veo en mis expedientes

Las cuentas mantenidas en Portugal presentan particularidades que encuentro en mis expedientes:

• Bancos demasiado tranquilizadores. Algunos bancos portugueses aseguran a sus clientes que todo está en regla, también respecto de Francia, cuando las cuentas debían declararse en Francia. En la regularización, explico esta situación a la administración. Esto no impide las multas, pero en algunos casos es posible negociarlas, sin garantía de resultado.
• Retenciones en origen aprovechadas al máximo. Las rentas de estas cuentas a menudo ya han soportado una retención en origen en Portugal, a veces superior a la prevista por el convenio fiscal franco-portugués. Del lado francés, me aseguro de que estas retenciones se tengan en cuenta al máximo de lo que permite el convenio, en forma de crédito fiscal. Ahora bien, es preciso que el convenio lo prevea en la situación de que se trate, lo que solo un análisis caso por caso, por un abogado, permite confirmar o descartar.
• Subcuentas abiertas sin avisar. Los bancos portugueses abren a menudo numerosas subcuentas, a veces sin informar a sus clientes. También aquí, el expediente debe presentarse con cuidado para evitar las multas y, si es necesario, negociarse con la administración.

Estos expedientes implican importes elevados: según la forma de presentarlos y negociarlos, el importe final puede variar muy fuertemente. Cada situación sigue siendo diferente y merece analizarse antes de cualquier trámite.

En estos expedientes, como en los demás, los extractos bancarios acaban en general por obtenerse, a veces después de varios recordatorios; la dificultad es mayor cuando la cuenta se ha cerrado y el banco, del que ya no se es cliente, se muestra reacio a facilitar los documentos. Una regularización requiere en general entre cuatro y doce meses, según la importancia del expediente y el servicio.

En conclusión

Este procedimiento no debe tomarse a la ligera.

Con frecuencia se tratará de un procedimiento largo y tedioso.

Las consecuencias fiscales (e incluso penales) pueden ser a veces significativas, de ahí el interés de contar con la asistencia de un abogado fiscalista con experiencia en este ámbito.

La falta de respuesta a las cartas de la Administración o las respuestas incompletas podrán desembocar en una inspección fiscal, o incluso en una liquidación de oficio de la que será aún más complicado librarse.

A día de hoy, he asistido a numerosos clientes en materia de regularización de cuentas bancarias y de bienes inmuebles en Portugal, buscando para ellos, según las circunstancias de cada expediente y en su caso, una reducción de las sanciones, una gestión integral del expediente frente a la administración tributaria y una limitación del riesgo de acciones penales.

FAQ

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